El Ministerio de Hacienda y Función Pública lanza de manera urgente un Proyecto de Real Decreto y una Orden Ministerial a través de los que busca distintos desarrollos normativos de leyes ya aprobadas en los últimos meses con el objetivo de asegurar su implementación y puesta en marcha antes de las elecciones del próximo 23 de julio y que no caigan en saco roto.
De un lado, el Ministerio que encabeza María Jesús Montero sometió este martes a audiencia pública una Orden Ministerial para la aprobación de los modelos 190 y 270. El primero de ellos es para la declaración del IRPF de los artistas, tras las modificaciones en el impuesto aprobadas en el Real Decreto 31/2023, de 24 de enero. Esta norma rebajaba el IRPF a declarar por los artistas en sus facturas del 15% al 7% si se dedican a actividades de cine, teatro, baile, taurinas o literatura, entre otras, siempre que el volumen de rendimientos íntegros del conjunto de tales actividades del ejercicio anterior es inferior a 15.000 euros y la actividad representa más del 75% de sus ingresos. La reducción llega al 2% para artistas con contratos por menos de un año.
El cambio del modelo 190 también se utilizará para que, en el marco de la conocida como ley de startups aprobada el pasado diciembre, los trabajadores puedan declarar las retribuciones en especie, como acciones, que están exentas hasta los 50.000 euros.
Esa misma Orden Ministerial también busca aprobar una modificación del modelo 270 para la declaración de premios de lotería. Este cambio termina de desarrollar la ley contra el fraude fiscal, aprobada en 2021, y que obliga tanto a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado como a la ONCE desde 2023 a comunicar mensualmente al fisco los premios que dan, la identificación del ganador, cuánto dinero ha ganado, así como el método a través del que se ha hecho efectivo el pago del premio.
Entidades de pago
Además, la Administración encabezada por Montero también sometió a audiencia pública el 29 de mayo, tan solo un día después de las elecciones, un Proyecto de Real Decreto para establecer el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que hacía varias modificaciones a la Ley del IVA y obliga a las entidades de pago electrónicas a comunicar al fisco los pagos que los compradores españoles realizan a vendedores extranjeros por internet con el objetivo de evitar la elusión del impuesto por parte de los últimos. Este Real Decreto desarrolla en el ámbito reglamentario las modificaciones realizadas en la Ley del IVA sobre los registros que están obligados a mantener los proveedores de servicios de pago, así como la información que debe constar en los mismos. A la par, el Real Decreto que pretende aprobar Hacienda se convierte en un cajón de sastre para desarrollar de golpe varias modificaciones como la adaptación del IVA a la normativa aduanera comunitaria en relación con las exenciones aplicables a las exportaciones de bienes, tal y como recoge la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado (PGE), o se introducen ajustes técnicos a la norma que obliga al uso de precintas en la circulación de todos los productos de tabaco.
Facturas impagadas
El Real Decreto también estipula los nuevos pasos para recuperar el IVA de facturas impagadas por personas en concurso, tal y como aprobó la Ley de PGE de 2023. Las operaciones cuya base imponible se quiera rectificar deberán haber sido facturas anotadas en el libro de registro en tiempo y forma. El acreedor debe comunicar a Hacienda por vía electrónica la modificación de la base imponible y deberá ir acompañada de las facturas rectificativas y de la reclamación del pago al deudor, sea judicial, notarial o por otro medio fehaciente.
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