Abengoa respira optimismo tras ocho años de zozobra e incertidumbre. La adjudicación de los activos del grupo multinacional a Cox Energy, con planes de crecimiento y expansión, abre una nueva etapa. A la espera de los últimos trámites, como el visto bueno de los acreedores con deuda privilegiada o las autorizaciones para las líneas de negocio que pisan terrenos sensibles como Defensa, la parte jurídica relacionada por el tema del concurso sólo está pendiente de la resolución de recursos contra la adjudicación. Se espera que la madeja jurídica en temas penales que se arrastra en los juzgados en relación con antiguos gestores de Abengoa no tenga ya incidencia para el futuro de los activos valiosos.
El asesoramiento a la energética que preside Enrique Riquelme en el concurso ha corrido a cargo del despacho Medina Cuadros, que en un comunicado destaca que "la oferta presentada garantiza el mantenimiento de los más de 9.500 trabajadores de Abengoa y el pago de créditos concursales, además de aportar a la compañía 3.200 millones de euros de carga de trabajo para los próximos tres años con rentabilidad garantizada".
La operación, desde el punto de vista jurídico, ha sido complicada, porque "se ha visto afectada por la nueva regulación del Texto Refundido de la Ley Concursal 16/2022, que entró en vigor el pasado mes de septiembre y que ha supuesto importantes cambios en la normativa concursal, teniendo por ello una trascendencia significativa y pudiendo considerarse como la de mayor relevancia tanto desde el punto de vista financiero como por su complejidad jurídica, desde la entrada en vigor de la norma".
Causas penales
"El concurso ahora resuelto versa sobre sociedades y activos del entorno de Abenewco1, sin que el devenir procedimientos judiciales relacionados con Abengoa SA, bien el concurso de esta sociedad o bien causas penales, puedan afectar a las sociedades procedentes del concurso ahora resuelto", han indicado fuentes jurídicas.
Hay varios frentes abiertos contra antiguos administradores de Abengoa en el ámbito penal.
Por un lado, el magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, quiere saber ya si Abengoa maquilló sus datos entre 2014 y 2016, antes de quebrar, mientras captaba inversores como una empresa saneada. El juez lleva 14 meses esperando un informe pericial que le aclare si hubo deterioros súbitos en valores reflejados en los balances de 2015 y 2016, si hubo sobrevaloración de proyectos termosolares en Brasil, Chile y México y si el auditor de Deloitte tenía medios para conocer estas supuestas irregularidades. Y ante tanta demora ha requerido a la Secretaría de Estado de Hacienda para que designe, a petición del Fiscal, peritos que se hagan cargo del informe, según adelantó Voz Populi.
El inicio de la investigación del juez Ismael Moreno se remonta a 2016, y parte de una querella presentada por una asociación de pequeños accionistas afectados, representados por el despacho Ius Aequitas, ante la Audiencia Nacional contra el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y el exconsejero Manuel Sánchez Ortega por supuestos delitos de estafa contable. La investigación, con la instrucción aún abierta, afecta ya a alrededor de media docena de personas físicas y a la propia Abengoa SA y Deloitte como personas jurídicas. Es el principal fleco penal pendiente en estos momentos.
"Podría ser la quiebra de empresa cotizada más importante de la historia de España"
"Podría ser la quiebra de la empresa cotizada más importante de la historia de España, con más de 25.000 millones de euros de pasivo, 17.000 empleados en todo el mundo y 50.000 accionistas afectados", indicaron desde Ius Aequitas al presentar la querella.
Instrucción larga
Desde el despacho indican que la instrucción está pendiente de esta pericial solicitada por la Fiscalía y también de que se practiquen testificales, sin perjuicio que a resultas del peritaje alguna de las partes solicite más pruebas.
La instrucción está prorrogada hasta el mes de julio, aunque parece complicado que a esa fecha haya podido cerrarse, pues los peritos que finalmente hagan el informe para el juez tendrán que estudiar una cantidad ingente de documentación y necesitarán tiempo.
En abril de 2021 la UCO de la Guardia Civil practicó un registro en la sede corporativa de Abengoa en busca de pruebas, incautándose de gran cantidad de documentación y correos electrónicos.
El magistrado solicitó en febrero de 2022 a la Intervención General del Estado que designase peritos, a lo que el organismo público respondió que no tenía especialistas en la materia, a pesar de que Fiscalía advirtió de la obligación de prestar auxilio judicial. Ahora el magistrado ha vuelto a requerir ese auxilio al Ministerio de Hacienda.
Otros casos
Por otra parte, el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla ha sido declarado competente por el Tribunal Supremo para investigar otra querella presentada en 2020 contra la cúpula de Abengoa que sucedió a Benjumea, presidida por Gonzalo Urquijo. La querella la presentó Inversión Corporativa (que hasta 2015 fue principal accionista de Abengoa, de la mano de Benjumea) por supuestamente descapitalizar la empresa y vaciarla de activos en favor de sus filiales para burlar a pequeños accionistas. El Supremo ha tenido que resolver la competencia del juzgado sevillano, que entendía que el tema tenía repercusión estatal y correspondía a la Audiencia Nacional.
Sobre este mismo asunto hay otra querella interpuesta recientemente por varios centenares de pequeños accionistas en la Audiencia Nacional contra la directiva de Urquijo, en la que reclaman perjuicios por valor de 31 millones.
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla investiga supuestas irregularidades en contratos vinculados al AVE Medina-La Meca entre 2012 y 2016.