La Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña ha iniciado una revisión de oficio del concurso público que en 2015 adjudicó los terrenos que actualmente ocupa el Districte Administratiu en la Zona Franca de Barcelona, complejo que agrupa las sedes de varias consejerías de la administración autonómica, según han explicado fuentes del Govern a Europa Press.
Esta revisión se debe a que la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) detectó siete presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, al que solo se presentó Zumaran Inversiones, una filial del grupo AXA, y que podría conllevar la nulidad de la concesión, según ha publicado el diario Ara.
La concesión se dio en 2015, cuando Fira 2000 licitó la explotación de tres terrenos y Zumaran fue la única empresa que se presentó para el lote 2, que concedía los derechos de superficie del suelo durante 99 años a cambio de un canon de 15,5 millones de euros.
Ese mismo año, la Generalitat convocó otro concurso para alquilar un inmueble donde ubicar buena parte de las consejerías, que ganó AXA Real Estate y que lo construyó en estos terrenos; y el contrato de alquiler se firmó por 20 años y por un precio de unos siete millones de euros anuales, han explicado las mismas fuentes.
La concesión fue denunciada por CC.OO. a Antifraude al considerar que era una "acción preparada y coordinada para que AXA o alguna de sus filiales se adjudicara el concurso".
Opción de compra
El informe de Antifraude, publicado este 2023, apunta que Zumaran incluyó en su oferta una opción de compra de los terrenos por seis millones de euros, que se aceptó a pesar de no aparecer en la licitación.
Antifraude considera "irregular" incluir esta opción de compra, lo que provoca que se eludiera el procedimiento administrativo pertinente.
Además, órganos que no tenían competencia para ello tomaron acuerdos en el procedimiento, faltaban informes técnicos para justificar el canon del derecho de superficie y el precio de compra futuro, y la escritura pública de la operación contenía modificaciones respecto a la resolución de la adjudicación.
La relación entre la Generalitat y Axa ha sido relevante en los últimos años, ya que en 2013 ya compró varios edificios que el gobierno catalán puso a la venta, si bien se desprendió de ellos con plusvalías entre 2019 y 2021.
Relacionados
- AXA absorbe la filial de tecnología para reducir costes y procesos
- Axa plantea un ERE para 179 empleados en España, el 8% de la plantilla
- Luz verde al mega proyecto de pisos de alquiler asequible de AXA en el distrito madrileño de Tetuán
- El casero de la Generalitat vende la sede del Departament de Justicia a Franklin Templeton
