
El Tribunal Supremo (TS) determina que los ciudadanos sólo podrán incluirse en la lista de morosos si presentan cargos o deudas "firmes" reconocidas en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Ahora, se deberá comprobar que realmente existe impagos e irregularidades fiscales que demuestren la existencia de la morosidad.
El Alto Tribunal se pronuncia con respecto a cuatro recursos de casación fechados a 17 de enero –dos presentados por la Administración Pública y otros dos, por ciudadanos por deudas registradas en el IRPF-.
Entre las administraciones públicas condenadas, se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) denunciada por la Comunidad de Madrid. El Supremo tacha de "gravedad extrema" de la denuncia ante la escasa "certeza jurídica" que justifique la existencia de la deuda que pudiera introducir a la Tesorería en la lista de morosos.
"Incluir en la lista de morosos a una Administración servidora de intereses públicos "genera una justificada alarma social si la ciudadanía percibe como mensaje que la TGSS es una entidad morosa", apunta el Supremo.
En el caso de inclusión a ciudadanos en la lista por deudas fiscales, se trata estimaciones con objeto de incluirse en en el estudio del ámbito penal y determinar si la liquidación figuran deudas "aptas" como para poder incluirse en la lista de morosos, porque chocaría con el principio de presunción de inocencia. Para incluir a un ciudadano en la lista de morosos es preciso que las acusaciones sean condenadas por un juez. Las demandas de los dos particulares han sido llevadas por el socio de Público de Ontier, Jorge Álvarez.
"El régimen legal de publicidad de la identidad de los deudores, en caso de delito fiscal, queda reservado a las situaciones de sentencia firme condenatoria, sin que baste por tanto la mera liquidación de la deuda expresada en esa "liquidación vinculada a delito", concluye en Supremo.
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