El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA) se une a la reclamación que la Xunta de Galicia ha hecho al Gobierno para que las comunidades de propietarios también pueden ejecutar medidas legales para el desalojo de okupas.
Los dueños no sufren las consecuencias del asalto porque o bien no viven cerca no se enteran del mismo o les da igual, así que los okupas pueden permanecer en el inmueble todo el tiempo que deseen, lo que provoca un gran malestar entre los vecinos a causa de los ruidos, suciedad y desperfectos.
Los administradores de fincas llevan tiempo solicitando una modificación de la legislación para regular mecanismos que permitan desalojar el inmueble desde el momento en el que resulta okupado.
Fuentes colegiales consideran que el aumento de las okupaciones se debe al reciente Real Decreto Ley del Gobierno en cuya disposición final primera blinda a los okupas al prohibir os desalojos si los allanamientos no se producen con violencia.
"Si las penas fuesen más duras no se allanarían tantas viviendas. La okupación tiene cada vez más adeptos porque no se pone freno", señalan desde el COAFGA, agregando que, "para generar viviendas en un mercado de alquiler que las demanda cada vez más, se precisan medidas que generen confianza en el arrendador".
Los administradores del Estado advierten de los grupos profesionales dedicados a la okupación, que "buscan viviendas para que okupen terceros a cambio de dinero, y «subarrendatarios» de los okupas, conocedores o no de esta situación, que pagan una renta a los okupas e incluso tienen un contrato de alquiler" admiten.
También alertan del incremento de los arrendatarios morosos que, una vez desalojados y desahuciados, regresan al piso convirtiéndose en okupas.
"Es mejor prevenir la okupación, que tener que luchar contra ella, porque echar a un okupa supone tiempo, esfuerzo, ansiedad y un coste económico muy elevado para los propietarios de las viviendas okupadas", advierten los Administradores de Fincas de Galicia.
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