El PSOE ofrece una enmienda al PDeCAT para limitar el artículo que permitió suspender en sus cargos a los líderes del 'procés'

El PSOE, en un nuevo paso en las medidas para despenalizar las condenas de los condenados del 'Procés', ha ofrecido este miércoles al PDeCat limitar el alcance del artículo que permitió suspender de sus cargos a los líderes del 'procés', elevando diversos requisitos, como que el delito por el que se les procesa sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación", en una enmienda transaccional al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.

Se trata de modificar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que regula que una vez "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

En un principio, el propio PDeCAT presentó una enmienda a la proposición de ley que elimina el delito de sedición para solicitar directamente la derogación de este precepto.

Ahora, en una enmienda transaccional al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, el PSOE le ofrece modificar el 384 bis para que, "sin perjuicio de lo que se establezca en las regulaciones de los distintos empleos y profesiones públicas, firme el auto de procesamiento, solo se podrá acordar la suspensión de cargo u oficio público, concretando su alcance", cuando concurran ciertos requisitos.

Esos requisitos son "que el delito por el que se procesa sea grave o muy grave, lleve aparejada una pena de inhabilitación o suspensión de igual naturaleza y se haya cometido con violencia o intimidación; la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisión de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso; y sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusación personada".

Luzón crítico con los cambios

Mientras tanto, rl fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido este pasado miércoles a la clase política que no dé un paso atrás y "que no se diluya la responsabilidad penal", coincidiendo con la polémica generada por la reforma del delito de malversación por parte de PSOE y ERC, que será votado hoy en el Congreso de los Diputados.

Luzón se ha expresado así durante su intervención en el acto conmemorativo por el 25 aniversario de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada., en la que ha asegurado que "hace falta voluntad política para mejorar la prevención de la corrupción".

En esta línea, Luzón ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la transparencia y de revisar las puertas giratorias así como mejorar los mecanismos de control de contratación pública, entre otras cuestiones.

A su juicio, "queda mucho por hacer en la lucha contra la corrupción" pero, ha añadido las "recetas son conocidas". Así, Luzón ha defendido la Fiscalía que dirige como un "referente incuestionable en la persecución de la delincuencia organizada". Lo que nació hace un cuarto de siglo como una "experiencia pionera", ha defendido, pronto fue exportado a distintos países de la Unión Europea.

Los fiscales muy críticos 

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha rechazado la reforma del delito de malversación de caudales públicos que aprobó la Comisión de Justicia del Congreso el martes en la proposición de ley que también suprime el delito de sedición, porque considera "absurdo" beneficiar a quien malversa al tiempo que prevé efectos "no deseados" por quienes la insta como está ocurriendo con la ley de Libertad Sexual.

Así se ha pronunciado la asociación en un comunicado, en el que señala que no hay ninguna necesidad técnica de modificar un tipo penal que lleva en el Código poco más de siete años y que es fundamental para la lucha contra la corrupción.

Según explica APIF, el delito de malversación tiene como finalidad proteger el patrimonio público, por lo que consideran absurdo beneficiar penológicamente a quien malversa. Además, recoge que la modalidad de malversación consistente en distraer fondos públicos para entregarlos a empresas, partidos o asociaciones, ha sido en España el medio preferido para la creación de las tramas de corrupción.

En este caso, la asociación advierte de que "habrá condenados por corrupción que se estarán frotando las manos", por lo que censuran que utilizar el Código Penal para "hacer trajes a medida de determinadas personas o partidos es un error que perjudica al conjunto de los ciudadanos y una manera nefasta de legislar".

También, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este miércoles que "el Código Penal no se puede reformar de manera apresurada y sin los informes de órganos como los consejos de Estado, Fiscal y del CGPJ".

"El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones no pueden realizarse de manera apresurada, deben realizarse siempre atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa", ha dicho la UPF en un comunicado.

El caso kitchen' se verá modificado

La Fiscalía Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la 'Operación Kitchen', relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible, a la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y ERC, según fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

La acusación de Anticorrupción en esta pieza separada número 7 del 'caso Villarejo' está prácticamente hecha, a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 dé acceso al material completo de la investigación llevada a cabo durante estos años, un movimiento que el Ministerio Público aguarda desde hace semanas.

No obstante, fuentes de esta Fiscalía Especial han avanzado que, previsiblemente, habrá que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación que han planteado PSOE y ERC, la cual supone rebajar las penas actuales allí donde se observe que no hay ánimo de lucro o donde la conducta delictiva consista en usar el dinero para un fin distinto al previsto.

En 'Kitchen' ya se conocen la acusaciones formuladas por las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, que reclaman respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para el ex ministro de Interior, al que la investigación judicial ha situado como el presunto 'cerebro' de 'Kitchen', un operativo ilegal del que también habrían participado su ex secretario de Estado Francisco Martínez, el ex DAO Eugenio Pino y comisarios como José Manuel Villarejo.

Otras fuentes de la misma Fiscalía advierten de que esa no será la única causa donde haya que revisar la acusación formulada, si finalmente el texto aprobado por las Cortes Generales es el ya conocido.

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