El Gobierno aprueba el Real Decreto que establece la estructura orgánica de la Abogacía del Estado

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el Real Decreto que establece la nueva estructura orgánica de la Abogacía General del Estado, además se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas sobre su personal, según informó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado. El proyecto normativo tiene por objeto una modificación parcial del Real Decreto de 2003 sobre el reglamento del Servicio Jurídico del Estado y su finalidad es adaptar la asistencia jurídica al Estado y al resto del sector público a las necesidades "de una Administración moderna".

La nueva normativa contempla potenciar el valor de la búsqueda de la excelencia en la organización de la Abogacía General del Estado; culminar la reorganización iniciada en el año 2003 eliminando la coexistencia de fórmulas organizativas diferentes y lograr el reforzamiento institucional del órgano integrado en el Ministerio de Justicia.

Este nuevo Real Decreto también reforzará el ámbito consultivo, potenciando las funciones de coordinación y apoyo; y fortalecerá el ámbito contencioso mediante una mayor especialización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Del mismo modo, la norma pretende dotar a la organización de una estructura más racional y eficiente, introduciendo unidades intermedias; adaptar la organización territorial de la Abogacía General del Estado a la organización de la Administración del Estado en el territorio; así como racionalizar su estructura con el fin de garantizar la prestación de una asistencia jurídica estable en aquellas provincias cuya cobertura presenta dificultades en la actualidad.

Con esta nueva norma, también se busca introducir fórmulas que incrementen la flexibilización y la dinamización de la organización; racionalizar el trabajo y mejorar el aprovechamiento y la eficiencia de los recursos humanos.

Real Decreto anterior

A falta de conocer el texto íntegro del Real Decreto aprobado este lunes, la normativa modificada de 2003 se articulaba en torno a tres principios básicos. De un lado, el principio de unidad de doctrina como eje conceptual del órgano que le permite actuar como una organización eficaz y cohesionada. En segundo lugar, reorganizó las Abogacías del Estado para cubrir el volumen de trabajo, creando unidades horizontales de apoyo de informática, documentación jurídica y otras, encargadas de funciones técnicas indispensables para el adecuado funcionamiento del órgano.

En tercer lugar, se constituyó el Servicio Jurídico del Estado en la asesoría jurídica integral del sector público estatal y se posibilitó la asistencia jurídica a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales mediante la suscripción de convenios.

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