El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que acaba con la dispersión normativa actualmente existente sobre la materia.
Junto con la tipología penal, el texto recoge también la prevención y la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima, garantizándole una serie de derechos y medidas de apoyo. Además, se incide sobre el papel de la demanda y en la importancia de desarticular el modelo de negocio para romper la cadena de la trata, así como el fortalecimiento de las normas laborales en los sectores más sensibles, ç con la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
También, se creará se crea la Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará las políticas públicas en materia de trata y explotación y coordinará la representación de España en el ámbito internacional. Adscrito a esta institución estará el Mecanismo Nacional de Derivación (MND), órgano encargado de la derivación inmediata de las presuntas víctimas.
Junto a ella, se regulan las unidades especializadas de las instituciones públicas implicadas en el proceso de detección e identificación.
Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y acceso a los servicios de asistencia y apoyo, a lo largo de todo el proceso de identificación y durante el tiempo que sea necesario tras la identificación definitiva.
Con carácter general, se reconoce el derecho a una protección y la asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le adjudicará un intérprete o mediador cultural si fuera necesario, en colaboración con las entidades especializadas acreditadas.
Se reconocen, también, el derecho a inserción social y laboral, el acceso al ingreso mínimo vital y a la vivienda. Y se reconoce el derecho a la reparación integral y el de una compensación económica adecuada como indemnización.
La norma regula los delitos de trata concretando la finalidad de la explotación en los trabajos o servicios forzosos, la servidumbre y la esclavitud. Se imponen penas de prisión de uno a cuatro años a quien "haga uso de los servicios".
Relacionados
- Los economistas piden que siga la suspensión de la disolución social
- El Constitucional no va a examinar a los candidatos del Gobierno a espera del CGPJ
- El Tribunal Supremo rebaja en un año la pena por los nuevos tipos de la Ley del 'Solo sí es sí' en el caso Arandina
- Las mujeres juristas sitúan la corresponsabilidad como el núcleo para alcanzar la igualdad en la abogacía
