
La retirada de la moratoria en julio que eximía de presentar el concurso voluntario de acreedores aprobado por el Gobierno a causa de la crisis sanitaria y económica del Covid ya se nota en los juzgados valencianos, donde las insolvencias presentadas se han incrementado notablemente.
El Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana alerta de un aumento del 33% en los concursos de acreedores de la comunidad durante el mes de agosto, con respecto al mismo periodo del año anterior.
Tras conocerse los datos sobre concursos publicados por el Registro Mercantil, los auditores destacan que en la Comunidad Valenciana se ha incrementado el número de concursos de acreedores que ha ascendido a un total de 32.
El aumento del 33% de los concursos en la Comunidad Valenciana, supera en 17 puntos porcentuales a la media nacional que se sitúa en una subida del 15,6%. Y es que, la región valenciana, junto con Madrid y Cataluña, se sitúa entre las peores con respecto a la media nacional, ya que suman conjuntamente cerca de 7 de cada 10 concursos presentados.
Está cuestión, según afirma el vocal de la Junta directiva del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana y responsable de los asuntos judiciales, José Andreu, "es coherente con la retirada en julio de la moratoria extraordinaria que se puso en marcha con motivo de la crisis sanitaria y económica en nuestro país".
Este mes no es una excepción, ya que las cifras desde el inicio del año colocan a la Comunidad Valenciana entre las autonomías españolas con mayor aumento del número de concursos, superando a la media nacional que se sitúa en una crecida del 15,6%. Tal y como valora José Andreu, "buena parte de ese incremento viene dado por las dificultades que vienen atravesando empresas del sector servicios y autónomos, principalmente negocios de hostelería. Además, la incertidumbre frente a una nueva regulación concursal a punto de aprobarse, también influye en ese incremento además de los problemas colaterales que está causando el conflicto de Ucrania".
Ley Concursal
El próximo 26 de septiembre entrará en vigor la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma de la Ley Concursal sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Tal y como valora Andreu, "esta ley tiene como objetivo asegurar la posible continuidad de empresas y negocios que puedan ser viables pero que se encuentren en dificultades financieras y por lo tanto, puede reducir el número de concursos en los próximos meses una vez empiece a asentarse la nueva regulación pre concursal".
"La reforma de la Ley Concursal supone la agilización de los procedimientos de insolvencia, la reducción de sus costes y la posibilidad de facilitar la continuidad de los deudores, empresas y profesionales, en dificultades financieras sin tener que recurrir al concurso de acreedores", explica José Andreu.
Además, desde el Colegio de Auditores resaltan de la Ley que las personas físicas que desarrollen o no una actividad empresarial o profesional podrán acogerse a un nuevo procedimiento de exoneración de deudas más flexible y con posibilidad de evitar la liquidación de su vivienda habitual y demás activos afectos a la actividad. Andreu concluye al respecto que "la intervención profesional del auditor censor jurado de cuentas en esta nueva regulación de la Ley Concursal resulta fundamental por la puesta en valor de su conocimiento del mundo empresarial tanto a través de los Planes de Reestructuración (actuando como Experto) como en su intervención como Administrador Concursal y en los procesos de valoración de empresas o bien de sus unidades productivas".