Los procuradores quieren acelerar dos millones de ejecuciones judiciales pendientes

Los procuradores españoles, reunidos en Huesca, han debatido y acordado que pueden jugar un papel decisivo, como profesionales de la Justicia, a la hora de acabar con el actual problema procesal que supone la existencia de cerca de dos millones de ejecuciones de sentencia pendientes.

En el transcurso de las XII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores, su presidente, Juan Carlos Estévez, aseverado que "no es una demanda corporativista, sino que somos conscientes de aunque la Justicia española funciona muy bien, es de las mejores del mundo en fase declarativa, en calidad y en celeridad, al hablar de la ejecución de sentencias, estamos a la cola del pelotón entre los países del mundo, porque las ejecuciones se demoran".

Las estadísticas señalan que si el periodo medio de dictar sentencia es de seis meses, por ejemplo, el de ejecución es de tres años. Y esta situación en la mayoría de los países la tienen resuelta a través de unos profesionales que se llaman agentes de ejecución.

En la actualidad, según las estadísticas del CGPJ, España ocupa el segundo lugar por la cola en ejecución de sentencias de la UE, tan solo por encima de Grecia.

Muchos de estas reclamaciones son resultado de los impagos, que en los últimos años se han disparado, muchos como consecuencia de la legislación vigente.

José Luis Perea, secretario general de ATA, explica así que muchas de estas ejecuciones no realizadas tienen el castigo del impago, "ya que la actual normativa española carece de régimen sancionador, lo que hace que ser moroso salga gratis".

Así, el periodo medio de pago se elevó en el primer trimestre de 2022 hasta una media de 83,9 días, frente a los 81,4 días del trimestre anterior y los 82,6 días del primer trimestre de 2021, lo que sitúa a cerca de 85.000 empresas en peligro y una morosidad que supera los 325.000 mil millones de euros.

Alejandro Halffter, secretario del Centro de Mediación Empresarial de Madrid, ha explicado que la actual situación de las ejecuciones de sentencias "supone un importante debilitamiento en el sistema judicial español. Podría estudiarse la figura del agente ejecutor de sentencias. Se podría estudiar también la entrada de los procuradores en las Cortes de Arbitraje de la Cámara."

En las Jornadas, los exministros de Justicia Caamaño, Gallardón, Catalá y Campo han mostrado su convencimiento de que la intervención de la Procura es necesaria, aunque ellos no consiguieron aprobarlo en sus mandatos, entre otras cosas, por las acusaciones de privatización del procedimiento.

En la actualidad, la Procura participa en una comisión de trabajo dirigida por el Ministerio de Justicia que en estudia y busca soluciones para lograr soluciones para acabar con el problema de las ejecuciones.

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