Legal

La ejecución de la reforma sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad preocupa a los juristas

  • La falta de medios hace que cada Administración interprete la ley a su manera
  • Algunas CCAA cambian la tutela por la curatela sin aplicar medidas de apoyo de la normativa
La ministra de Justicia, Pilar Llop, en la inauguración del XII Congreso del Notariado Español. EP

Jueces, fiscales, notarios, especialistas en Derecho están preocupados por el desarrollo de la reforma legal sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, según ha quedado patente en una de las ponencias del XII Congreso del Notariado que se celebra hasta mañana en Málaga.

Jueces y fiscales únicamente deben intervenir cuando las medidas de apoyo fallen por la guardia de hecho y cuando esos apoyos se están realizando mal y están dando lugar a comportamientos delictivos, tienen que intervenir. Es decir, jueces y fiscales solo deben intervenir en lo que entre juristas se conoce como las patologías.

El problema es que muchas Administraciones no se creen que la normativa se pueda llevar a efecto y se está aplicando de forma diferente. En la reforma del Código Civil, el concepto de incapacitación judicial ha sido sustituido por un apoyo de medidas a personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, situando a estas personas como sujetos con capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás.

Sin embargo, la falta de concrección de la normativa y de recursos de las Administraciones para hacer frente a estas medidas voluntarias está demostrando que su imposición no va a ser sencilla.

En algunas Administraciones, por ejemplo, estas medidas de apoyo se están interpretando como una mera sustitución de la figura de la tutela por la de la curatela, medida que, según la nueva normativa, se aplica cuando no sean suficientes las medidas voluntarias y se requiera de una asistencia continuada.

Según explica Cristobal Fabrega, fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, durante su intervención en el XII Congreso del Notariado, "el problema es buscar una forma distinta de hacer las cosas, la curatela no va a sustituir a la tutela en todos los casos, porque ahora las medidas a desplegar se hacen en la notaría y lo que se guarda de hecho, que es una situación real, que no tiene que determinar un juez. Cuando no haya una protección en estas condiciones, entonces sí, entramos en los apoyos judiciales, que puede ser la remisión a una guardia judicial o a una curatela asistencial o a una curatela representativa".

Levantar las barreras

En la inauguración del Congreso, dedicado al debate sobre el envejecimiento, la ministra de Justicia Pilar Llop, ha asegurado que "los poderes públicos tenemos que comprometernos con el envejecimiento. Es nuestro deber de justicia social levantar las barreras para las personas mayores. Esta cuestión trasciende cualquier tipo de ideología y afecta a todas las Administraciones".

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Sánchiz ha explicado "que la función del notario es preservar la fragilidad de la vida humana. A la vejez va asociada la debilidad, es un momento que se vive en soledad, como ocurre en muchos pueblos pequeños. Implica angustia por la cercanía de la muerte".

Antonio Ojeda, expresidente del Notariado, ha afirmado que "a la hora de proteger los derechos e independencia del anciano frente a todos, el notario está llamado a intervenir de manera fundamental".

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