Este 2021 ha sido el pistoletazo de salida para la entrada en vigor de gran parte de normativa regulatoria en materia de sostenibilidad. Venimos de un tiempo en el que muchos vehículos de inversión se denominaban sostenibles, sin tener que reportar de manera explícita el cómo gestionan este adjetivo, lo que podría generar desconfianza entre los inversores. Consulte más tribunas sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.
Para abordar la situación anteriormente comentada gracias a la normativa que comentaré más adelante se detallará qué debe cumplir un producto financiero para poder incorporar este apellido, sostenible. Este requerimiento regulatorio que cito es al que hace referencia el Reglamento 2019/2088 (SFDR), cuyo objeto es la divulgación en materia de sostenibilidad en el sector de servicios financieros, y que entró en vigor el 10 de marzo del pasado año. Entre los objetivos que persigue esta regulación está el tratar de lograr que los productos financieros sean más transparentes e integren de una manera veraz la sostenibilidad de su proceso de inversión, evitando el sustainable-washing, es decir tratar de aparentar integrar y tomar en cuenta la sostenibilidad cuando verdaderamente no se realiza. Tras todo lo comentado, tengo la firme convicción de que la inversión sostenible no debe considerase una moda sino una tendencia, y por tanto, un aspecto más a tener en cuenta en todo el proceso de inversión. Este es el motivo por el que se necesita una regulación sólida y aprobada por organismos supranacionales (en este caso, Consejo y Parlamento Europeo) para dar muestra de su consistencia e importancia gubernamental. En el presente año, 2022, entra en vigor el reglamento de taxonomía (2020/852) que tratará de constituir un lenguaje común sobre esta tipología de inversión, "la sostenible con un foco medioambiental".
Derivado de toda esta vorágine regulatoria acompañada del interés inversor retail e institucional, he observado como muchísimas gestoras de fondos de internacionales y nacionales han adaptado sus inversiones a los requisitos regulatorios exigidos para que sus productos sean categorizados de esta manera. Además de esto, durante este pasado año se ha requerido la aprobación de numerosas políticas relacionadas con aspectos sostenibles (implicación, integración, exclusiones…). Por todas estas razones, considero el 2021 como el año del inicio y del despegue de la regulación ESG, que nos acompañará de ahora en adelante.
Tras todo lo comentado, numerosas Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante, IICs) han comenzado a integrar y divulgar de una manera más visible como gestionan teniendo en cuenta los aspectos sostenibles, pasando a estar categorizados como Artículo 8 ó 9 bajo SFDR. La diferencia principal entre que una IIC esté englobada en uno u otro, radica en si se promueven iniciativas sociales y ambientales junto con los objetivos de resultados tradicionales (Art. 8) o si tiene un claro objetivo de sostenibilidad y unos planes para conseguirlo (Art. 9). Para cuantificar lo que estoy comentando, y con los últimos datos disponibles de Morningstar, a cierre del tercer trimestre 2021, respecto al cierre del segundo trimestre las IICs Art. 8 y 9 han crecido en tres décimas, aproximadamente 200.000 millones de euros, rozando la cota del 37% de la totalidad de IICs comercializables en Europa, lo que supone que el patrimonio gestionado en estas IICs es de 3,2 billones de euros. Es reseñable conocer que de este 37% de IICs, aproximadamente el 33% son Art. 8 y el 4% es Art. 9.
Para finalizar me gustaría exponer que considero que, en un medio plazo, la gran mayoría de las IICs estarán bajo el paraguas de ser Art. 8 ó 9, puesto que nos encontramos en mundo financiero cada vez más exigente en cuanto a: transparencia y exigencias hacia el buen gobierno, planes de acción para reducir sus emisiones contaminantes y hojas de ruta con el objetivo de reducir las desigualdades sociales. Por esta razón considero que la incorporación de criterios ESG ha venido para quedarse y es una tendencia imparable en la gestión de activos.
Alfredo Nieto Garcés es gestor de Inversiones BP en Ibercaja Banco.
