Theresa May se enfrenta a un motín interno a la vuelta de Semana Santa, tras las maniobras promovidas por las bases del Partido Conservador para retorcer la normativa orgánica y provocar su desalojo de Downing Street. El malestar con su liderazgo, el enfado por el acercamiento al Laborismo y la debacle prevista en las europeas de mayo, que parecen ya inevitables, han encendido la mecha entre las asociaciones locales, que aspiran a que la pólvora llegue hasta la cúspide y fuerce un recambio en el Número 10.
Su inusitada beligerancia se debe a que, de momento, la primera ministra está blindada hasta diciembre. El fracaso de la intentona para apearla del poder, promovida por los eurófobos a final de 2018 acabó resultando contraproducente, puesto que dejó a May intocable durante un año. Las reglas del partido vetan cualquier asalto al liderazgo en los doce meses posteriores a haber superado un desafío interno, por lo que los críticos se han visto obligados a abrir el manual de instrucciones para descifrar si existe alguna posibilidad alternativa de deshacerse de la premier.
La solución más sencilla e innegablemente las más limpia implicaría convencer a los miembros del Gobierno de retirar su confianza en su continuidad y, con ello, forzar la salida. Los conservadores tienen sobrada experiencia en la materia y su historia presenta notables casos en los que no dudaron en completar el magnicidio, el más destacable en tiempos recientes, el de Margaret Thatcher en 1990, cuando tras once años en el poder se vio obligada a abandonar la residencia oficial, debido, precisamente, a la división que Europa provocaba ya por entonces en sus filas.
El plan pasa por forzar una reunión general extraordinaria entre los miembros del partido
El fantasma comunitario no se fue del Número 10 con la Dama de Hierro y siguió atormentando a los mandatarios tories posteriores, desde John Major, hasta David Cameron, quien dimitió tras perder el referéndum en el que había defendido la permanencia en la Unión Europea, y hoy en día, Theresa May.
El plan que actualmente se cierne sobre su continuidad pasa por forzar una reunión general extraordinaria entre los miembros del partido, en la que tendría lugar un voto de no confianza.
Aunque no sería vinculante, el escarnio público sería difícil de gestionar, ya que evidenciaría que la primera ministra no solo ha perdido la confianza del Parlamento, sino oficialmente de su partido, si 65 presidentes de asociaciones locales demandan la convocatoria de la Convención Nacional Conservadora, un organismo que aglutina a unos 800 dirigentes tories y que, hasta ahora, nunca había sido organizado.
Quienes están detrás de la campaña aseguran que cuentan ya con medio centenar de firmas y confían en reunir las restantes.
