Venezuela se encuentra en medio de una grave crisis constitucional, con dos presidentes clamando por la legitimidad y el poder. Una crisis que es el resultado de dos décadas de descomposición institucional, que llegaron a su punto álgido en 2015, con la primera derrota electoral del chavismo. Una derrota que Nicolás Maduro nunca aceptó y que ha desembocado en el caos actual. Este es un repaso al origen de esta crisis.
Los vientos de Chávez
Aunque la crisis actual comenzó en 2015, las semillas se plantaron mucho antes. En concreto, durante la presidencia de Hugo Chávez (1998-2013), cuando se adoptó la actual Constitución del país y muchas de las reformas cuyos efectos se notan ahora.
Fue durante su mandato cuando se aprobaron las leyes responsables de la actual crisis económica: el control de cambios, que redujo las inversiones extranjeras; la reorganización de la petrolera PDVSA, cambiando a profesionales por trabajadores adeptos al chavismo, que ha llevado al hundimiento de la producción a sus peores niveles en 80 años; y el cierre de cadenas de televisión y la censura de medios, entre otros -este jueves, una cadena de radio se ha visto obligada a cambiar su informativo por música, según denunció su presentador-.
En aquellos años, la bonanza petrolera cubría el masivo déficit público, pero cuando el barril se hundió, todos los desequilibrios quedaron expuestos. En 2014, el precio pasó de 120 dólares el barril a menos de 40, creando un agujero descomunal en las cuentas públicas: el déficit superó el 20% y, sin divisas, el grifo de las importaciones de comida y medicinas se cerró de golpe. El resultado: la crónica escasez de bienes de primera necesidad que sufre el país hoy.
Políticamente, sin embargo, su mayor legado fue el debilitamiento de las instituciones del país. Su reforma constitucional (1999) eliminó al Senado y convirtió al país en un sistema unicameral en el que la mayoría parlamentaria tenía un poder descomunal. En 2005, la oposición boicoteó las elecciones legislativas y dejó a Chávez vía libre para ganar todos los escaños y reformar el país a su gusto.
Así, Chávez pudo usar su mayoría parlamentaria para nombrar a jueces de su confianza y situar a aliados directos en instituciones como la Fiscalía o el fundamental Consejo Electoral Nacional. Estas últimas decisiones se vieron recompensadas en 2013, tras la muerte del 'Comandante': Maduro ganó las elecciones presidenciales por 200.000 votos, en medio de alegaciones de irregularidades que no fueron investigadas.
La tempestad Maduro
Finalmente, en 2015, se desató la crisis después de que la oposición, aliada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ganara una mayoría de dos tercios, suficiente para reformar la Constitución. Todo ello pese a las 'trampas' del chavismo. Por ejemplo, las circunscripciones fueron reformadas para dar más peso electoral a las zonas rurales, bastiones chavistas, y quitárselo a las ciudades. En la papeleta electoral, el cuadrado de la oposición estaba al fondo, escondido en la esquina inferior izquierda. A su lado, un partido títere del Gobierno, "Min-Unidad", intentaba confundir a los votantes de la marca opositora, "MUD-Unidad", copiando su logo y color y llegando a buscar a candidatos oficialistas que se llamaran igual a los opositores para confundir aún más.
Pero aún les quedaba un mecanismo: al igual que en países como EEUU, la Asamblea Nacional saliente no se disolvió antes de las elecciones (como ocurre en España o Reino Unido), sino que permaneció en su cargo un mes más. En ese tiempo, nombró de forma irregular a 13 jueces para el Tribunal Supremo, fuera del período de sesiones y sin cumplir los plazos. Entre ellos, diputados chavistas y aliados del Gobierno sin experiencia judicial previa.
Con el poder judicial en el bolsillo, el Gobierno denunció algunas supuestas irregularidades en las elecciones legislativas. Y el nuevo Supremo chavista ordenó no aceptar la toma de posesión de tres diputados opositores, alegando indicios de compra de votos. La AN anunció que les permitiría tomar sus actas hasta que se resolviera la investigación. Inmediatamente, el Supremo declaró que la AN en su conjunto dejaba de existir, alegando un "desacato" de sus sentencias, y la elección de 2015 pasaba a ser papel mojado, apenas un mes después.
Así, desde enero de 2016, ningún diputado -incluidos los 164 cuya elección no discute nadie- ha cobrado sus sueldos, ni ha tenido inmunidad parlamentaria, y todas sus leyes y decisiones son declaradas nulas por la Justicia chavista. Incluso cuando la AN ofreció expulsar a los tres diputados en cuestión, la decisión del Supremo fue clara: ya no había marcha atrás, y el Parlamento seguiría siendo ilegal sin remisión hasta el fin de la legislatura. Por supuesto, a enero de 2019, nadie ha investigado aún las supuestas "compras de votos" ni se ha ordenado repetir las votaciones en esas circunscripciones.
El fin de las urnas
Tras el 'shock' político de su derrota en unas elecciones libres, Maduro decidió que tal cosa no volvería a ocurrir. Así, cuando la oposición intentó hacer un "referéndum revocatorio" para destituir a Maduro y adelantar las elecciones, el CNE dilató los plazos un total de tres meses, esperando que se pasara la fecha límite. Finalmente, pese a que los opositores entregaron dos millones de firmas, 10 veces más de las necesarias, la misma Justicia chavista declaró "irregularidades" en la recogida de algunas rúbricas y anuló el proceso.
A continuación, el Supremo publicó una sentencia en la que entregaba el poder legislativo personalmente a Maduro, y declaraba disuelta la AN. Ante las protestas internacionales, Maduro optó por el 'plan B': convocar elecciones para una Asamblea Constituyente, que tendría poderes absolutos y totales sobre la vida y la muerte de todos los ciudadanos del país, y la capacidad de hacer y deshacer leyes por encima de la Constitución. Pero, al contrario que Chávez en 1999, Maduro no se molestó siquiera en hacer un referéndum previo para saber si la población estaba de acuerdo: las convocó unilateralmente.
El sistema electoral diseñado por Maduro fue, además, descaradamente escorado a su favor: cada municipio elegiría un diputado, tuviera 20 habitantes o dos millones, y un tercio de los escaños los votarían grupos de ciudadanos ("jubilados", "obreros", "agricultores") elegidos aleatoriamente por Maduro y el CNE.
La oposición se negó a participar y convocó, en su lugar, a un plebiscito popular en rechazo de la Constituyente. En total, aseguraron haber recogido más de 7 millones de apoyos contra Maduro. En respuesta, el Gobierno anunció que en las elecciones a la Constituyente participaron 8 millones de personas, aunque la agencia Reuters encontró documentos del CNE que apuntaban a menos de 4 millones de papeletas. Además, la empresa que gestionaba las máquinas de votación, Smartmatic, denunció que sus aparatos habían registrado "al menos un millón de votos menos" de los que decía el Gobierno. Prácticamente ningún país de la región reconoció los resultados.
Sin salida democrática
Pero Maduro sí, y armado con el poder absoluto que le daba la Constituyente, se lanzó a destruir a la oposición. Varios decretos ilegalizaron a la mayoría de los partidos opositores y a la marca de la coalición, la MUD, obligando a los supervivientes a presentarse por separado. Además, la Justicia inhabilitó al excandidato presidencial opositor Henrique Capriles y persiguió al presidente del Parlamento, Julio Borges, que acabó refugiado en la embajada colombiana.
Finalmente, Maduro ofreció a la oposición un "diálogo" sobre las garantías electorales para las elecciones presidenciales. El Gobierno, sin embargo, rechazó todas las peticiones de imparcialidad de la oposición y decidió adelantar las elecciones de diciembre a mayo. A ellas concurrió Maduro, un candidato de un pequeño partido opositor que había abandonado la coalición y dos candidatos desconocidos, uno de ellos chavista. La abstención superó el 50%.
Es, precisamente, este último movimiento el que ha llevado al país a la situación actual. Dado que las elecciones se celebraron por orden de un órgano al que no reconoce nadie y sin la participación de las elecciones, el Parlamento considera que no hay un presidente legítimamente electo. Según la Constitución que aprobó Chávez, es la AN la encargada de declarar el resultado electoral y tomar juramento al Presidente. Dado que ninguna de las dos cosas han ocurrido -Maduro fue al Tribunal Supremo a su toma de posesión-, la presidencia está "vacante". Y, en ese caso, el presidente del Parlamento recibe la presidencia interina para convocar elecciones cuanto antes.
La respuesta internacional apunta a un aumento de la presión: todos los países sudamericanos, salvo Bolivia y Uruguay, reconocen a Guaidó. EEUU, con el poder de controlar el flujo del dólar mundial, puede dejar a Venezuela sin los ingresos que recibe de vender petróleo a los odiados 'yankis', dólares que mantienen con vida al Gobierno de Maduro. Y la UE, sin mojarse abiertamente a favor de Guaidó, sí ha desconocido a Maduro y ha insistido en que el único órgano con legitimidad es la AN que preside el líder opositor. Del lado de Maduro, países como Turquía, Rusia, China, Irán o Cuba. Los capitanes militares también han anunciado su lealtad, en un vídeo emitido a mediodía en el que el ministro de Defensa se despide con un "buenas noches". La presión, en la calle y entre bambalinas, crece en medio de la incertidumbre más absoluta.
