El ministro británico para Irlanda del Norte, Brendon Lewis, confirmó este martes en el Parlamento que el Gobierno planea "romper la ley internacional de una forma concreta y específica" y violar el tratado de salida con la UE aprobado en esta misma legislatura y firmado por el propio primer ministro, Boris Johnson, el pasado mes de enero.
El anuncio llega después de que este fin de semana varios medios adelantaran los planes de Johnson de aprobar una nueva ley que anule los compromisos adquiridos por el Reino Unido como parte del acuerdo de salida de la UE. El premier confirmó que esa ley se debatiría este miércoles, y que eliminaría parte de los compromisos adquiridos sobre el estatus de Irlanda del Norte, que implican poner fronteras internas dentro del Reino Unido. Además, puso el 15 de octubre como límite para negociar un acuerdo comercial con Bruselas, en lo que se entiende como una estrategia negociadora en base a amenazas.
En el debate, la predecesora de Johnson, Theresa May, se preguntó "qué confianza va a tener ningún otro país en los compromisos británicos si el Gobierno rompe los que firma". Y, en cuestión de minutos, el secretario de Estado de Crecimiento Regional y Administraciones Locales, Simon Clarke, anunció su dimisión.
Dimisión del jefe legal
Más importante fue otra marcha producida poco antes de que el Gobierno confirmara su intención de violar la ley internacional. El responsable del departamento legal del Gobierno británico, Jonathan Jones, dimitió por sus discrepancias con los planes de Johnson. Se trata de la sexta salida de un alto funcionario este año por sus diferencias con el Gobierno conservador.
Unas horas después, la directora general de la Fiscalía británica, Rowena Collins, decidió seguir el camino y dimitir. Los rumores en Westminster apuntan a que el abogado general de Escocia podría estar también planteándose su marcha. A todo eso se sumó la crítica de numerosos diputados conservadores, que han alertado de que un Gobierno no se puede permitir jactarse de violar leyes.
Los planes de Johnson, adelantados por el Financial Times, han sembrado las dudas sobre el éxito de la octava ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la UE - que comienza este martes en Londres- para definir el futuro de la relación tras el final del periodo de transición que acaba el 31 de diciembre.
Hasta ahora, el Ejecutivo había tratado de apaciguar los ánimos al insistir en que las reformas introducidas por el proyecto de ley son "limitadas" y solo querían despejar puntos ambiguos, pero el negociador comunitario, Michel Barnier, ya ha dicho que cancelar partes de lo ya acordado sería inaceptable para Bruselas.
Según el Financial Times el proyecto de ley del mercado interno, que se presentará mañana, miércoles, trata de "esquivar" las obligaciones aduaneras que adquirió el Reino Unido para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas.
Londres quiere matizar el compromiso de aplicar la regulación europea sobre ayudas estatales en relación al comercio de bienes en Irlanda del Norte.
Igualmente, pone en cuestión la cláusula que exige a las empresas norirlandesas rellenar formularios de exportación al enviar mercancías hacia la isla de Gran Bretaña.
La marcha de Jones, en el cargo desde 2014, sucede a las recientes de Mark Sedwill como máximo responsable de la función pública y de otros altos cargos en Asuntos Exteriores, Educación o Interior.
El principal asesor de Boris Johnson, Dominic Cummings, pretende llevar a cabo una profunda remodelación en las estructuras del funcionariado británico, que está encontrando fuerte oposición en el seno de la Administración pública y en la clase política.
