La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes un proyecto de ley sobre la situación de los Derechos Humanos de la minoría musulmana uigur en China que permitirá a Washington recrudecer las medidas y sanciones adoptadas contra Pekín al respecto.
El proyecto de Ley de Uigures aprobado este martes por la Cámara Baja del Parlamento norteamericano es una versión más estricta de la ley que aprobó el Senado en septiembre y que contrarió a las autoridades de Pekín. La nueva norma pide al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que condene los abusos del régimen chino contra la minoría uigur y que imponga por primera vez sanciones contra un miembro de la alta dirección del Partido Comunista chino (PCCh), Chen Quanguo, en un momento en el que los dos países están intentando poner fin a la guerra arancelaria.
El proyecto de ley aprobado este martes por la Cámara de Representantes pasará ahora al Senado, donde tiene que ser ratificado para que posteriormente sea enviado al presidente de Estados Unidos para su aprobación definitivo.
La ley sobre los uigures, una minoría musulmana afincada principalmente en la región occidental de Xinjiang, requerirá que el Departamento de Estado supervise y determine si se deben imponer sanciones contra altos cargos chinos por violar los Derechos Humanos de los uigures.
Así, el Gobierno federal tendrá que identificar qué compañías están implicadas en estos abusos y ofrecer apoyo a los periodistas que trabajan cubriendo este tipo de informaciones.
A pesar de las acusaciones de defensores de los Derechos Humanos, que aseguran que el Gobierno chino está internando y vigilando a los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, Pekín insiste en que trata de hacer frente al extremismo, el separatismo y el terrorismo.
La tensión entre los dos países, que se han visto sumidos en una disputa comercial durante el último año, ha aumentado recientemente debido a la decisión tomada por el Congreso estadounidense sobre Hong Kong.
China defiende su autonomía
Por su parte, el Gobierno de China ha respondido este miércoles al proyecto de ley aprobado la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmando que se opone rotundamente a esta nueva política de injerencia llevada a cabo por el Gobierno de Washington, pues "alienta el terrorismo".
"El proyecto de ley desacredita arrogantemente los esfuerzos de China por combatir el terrorismo y ataca maliciosamente las políticas territoriales del Gobierno chino", ha expresado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.
A su vez, el Gobierno de Pekín ha recordado que la cuestión de Xinjiang es "un asunto interno" y ha instado a Estados Unidos a "corregir sus errores" y evitar que el proyecto de ley se convierta en tal.
En ese sentido, China ha manifestado que tomará las decisiones que crea oportunas dependiendo del desarrollo de la situación.
Posibles represalias
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha aclarado que no "especulará" sobre las posibles represalias de Pekín contra la nueva ley, según ha indicado la Embajada norteamericana en la capital del gigante asiático.
"Seguimos pidiendo a China que ponga en libertad de forma inmediata a todos aquellos que hayan sido arbitrariamente detenidos", ha señalado en un comunicado la Embajada. "También pedimos que se acabe con esta política draconiana que aterroriza desde hace dos años a los ciudadanos de Xinjiang", recoge el texto.
Las palabras de Estados Unidos sobre la situación en la región china han tenido lugar tras la publicación de los Papeles de Xinjiang. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó la semana pasada una serie de documentos que pertenecen al Partido Comunista de China y que contienen detalles sobre las instrucciones para gestionar los campamentos de detención masivos donde tendrían retenidos a los uigures en el norte de China.
El Gobierno de Pekín reconoce la existencia de estos centros pero sostiene que no son lugares de detención sino de "reeducación" para combatir el extremismo y que el ingreso en ellos es voluntario.
Los documentos filtrados, que cuestionan seriamente la postura oficial de Pekín, incluyen las instrucciones del vicesecretario general del PCCh en Xinjiang, Zhu Hailun, entre ellas, que "nunca" se permita escapar a nadie, aumentar la disciplina y los castigos, promover la confesión y el arrepentimiento y promover la "verdadera transformación".
Expertos de Naciones Unidas y activistas denunciaron hace ya un año que al menos un millón de uigures y miembros de otras minorías étnicas o religiosas habían sido recluidos en centros clandestinos de Xinjiang. Se cree que un millón de personas, en su mayoría uigures, han sido detenidos sin juicio.
