
La historia vuelve a ocurrir. En 2005, tras ganar su reelección, George W. Bush anunció su gran plan legislativo: privatizar la Seguridad Social, el programa público que, al igual que en muchos otros países, gestiona las pensiones a los jubilados en Estados Unidos. Bush llevaba intentando realizar este cambio desde su primera victoria, en el año 2000, y contaba con mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado. El proyecto sufrió duros golpes por el camino, pero si hubo algo a lo que no puedo sobrevivir fue a las vacaciones de Semana Santa. Este mes, 12 años más tarde, los líderes republicanos temen que lo mismo le ocurra al proyecto de reforma sanitaria de Donald Trump, que lleva al borde del fracaso total desde mediados de marzo.
Trump sabe que es fundamental aprobar la reforma sanitaria para realizar su deseada reforma fiscal, como repitió este jueves el jefe de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvaney. Y la noche del miércoles, en una reunión con sus líderes parlamentarios, el presidente exigió alguna prueba de que el proyecto sigue con vida, repitiendo que el Partido Republicano lo pagará en las urnas si no logran sacarlo adelante. En resupuesta, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda intrascendente al plan de reforma, que sigue muy lejos de tener un apoyo mayoritario en ninguna de las dos cámaras legislativas.
Pero la mayor amenaza a la ley vendrá a continuación: las reuniones de los diputados con sus votantes, que, con toda seguridad, se mostraran masivamente en contra del plan. Las primeras advertencias llegaron durante la votación abortada, cuando decenas de diputados republicanos recibieron miles de llamadas de sus vecinos exigiéndoles que votaran en contra del proyecto. Según reconocieron algunos, los mensajes a favor apenas se contaban con los dedos de las manos.
"A la vuelta del receso, los congresistas republicanos saben que van a tener que hacer un gran esfuerzo para convencer a sus ciudadanos de las bondades del proyecto de Bush", titulaba el Washington Post en 2005. En aquel momento, los demócratas, liderados por Nancy Pelosi, anunciaron su oposición rotunda a la privatización de las pensiones y animaron a sus simpatizantes a exigir a todos los diputados republicanos que votaran en contra del proyecto, con actos de presión en los encuentros que los congresistas celebran con los vecinos de sus distritos durante los recesos por vacaciones. Esta vez, la situación parece calcada, mensajes de Pelosi incluidos.
Apoyo mayoritario al 'Obamacare'... y a la sanidad pública
El mayor problema para los republicanos es que, por primera vez, las encuestas señalan que la denostada Ley de Sanidad Asequible, el 'Obamacare', ha conseguido el respaldo de la mayoría de estadounidenses. En concreto, un 55%, según una encuesta de Gallup publicada el miércoles. Además, un 66% pide mantener o mejorar la ley, mientras que apenas un 30% sigue defendiendo la opción de "derogar y reemplazar" que Trump repite en todos sus discursos sobre sanidad. Peor aún, un 40% de votantes republicanos apoyan abiertamente mantener el 'Obamacare', entero o con cambios que aumenten el número de personas con cobertura sanitaria. Por contra, el plan republicano apenas tiene un 17% de apoyo en todo el país, según un reciente sondeo de Quinnipiac.
Pero el dato más inquietante para los republicanos, que llevan casi una década insistiendo en la necesidad de "sacar al Gobierno del mercado sanitario", es el resultado de otra encuesta de Yougov publicada este jueves. Según sus datos, un 60% de los estadounidenses está a favor de un sistema público de salud, que un 36% apoya "fuertemente". Entre los republicanos, un 46% está a favor y solo un 38% está en contra.
Así, la gran amenaza para los congresistas republicanos en estas vacaciones de Semana Santa es que sus votantes conviertan sus encuentros en defensas encendidas de la sanidad pública o, como mínimo, de planes para hacer una ley más generosa aún que el 'Obamacare'. Durante ocho años, los republicanos -incluido Trump- se presentaron a elección tras elección prometiendo una ley que cubriera a más gente, bajara los precios, atendiera mejor a los enfermos y que, además, costara menos al Estado. Como ambas cosas eran incompatibles, a la hora de elegir, el partido ha optado por recortar el gasto para poder hacer una bajada de impuestos, a costa de dejar a 24 millones sin cobertura y subir los costes de los asegurados. Quizá sus votantes tengan algunas cosas que decir estas dos semanas.