Cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se vio obligado a retirar el proyecto de la Ley de Sanidad Estadounidense (LSE), su plan para reemplazar la actual ley sanitaria, la Casa Blanca dijo que el tema estaba "muerto" por este año y que pasarían a la reforma fiscal. Sin embargo, los líderes del partido parecen haberse arrepentido de sus palabras. Este martes, el vicepresidente, Mike Pence, se reunió con el llamado "Caucus de la Libertad" (CdL), que agrupa a los diputados más conservadores, para negociar enmiendas que permitan resucitar y aprobar el proyecto cuanto antes.
El gran problema de los republicanos sigue siendo que, sin una reforma que reduzca enormemente el gasto público en salud, la profunda reforma tributaria que tanto desea Donald Trump y que su partido lleva prometiendo desde hace años se quedaría en un mero recorte de impuestos con fecha de caducidad. Para que los cambios sean permanentes necesitan aprobar una nueva ley sanitaria antes de debatir la ley de presupuestos del próximo año fiscal, que comienza en octubre, en la que iría incluida la gran reforma impositiva.
La LSE, el intento de reforma sanitaria republicana, fracasó por la oposición de dos grupos: los conservadores del CdL, que consideraban los cambios propuestos "demasiado leves" y los moderados del "Grupo de los Martes", que creían que iban demasiado lejos. Desde el primer momento, Trump centró las culpas en el CdL, atacando personalmente a sus líderes a través de Twitter y amenazando con hacer campaña contra ellos en las próximas elecciones legislativas. Este lunes, Pence decidió cambiar el palo por la zanahoria y reunirse con ellos para debatir qué cambios considerarían suficientes para votar a favor.
La oferta: menos protecciones
El líder del CdL, Mark Meadows, se mostró "optimista" tras la reunión, y dijo que "habían avanzado" en sus conversaciones, aunque otro de sus miembros, Justin Amash, puntualizó que "no había ningún acuerdo" y que no tenían ninguna opinión oficial. "Estudiaremos el contenido de cualquier propuesta que nos ofrezcan", dijo Amash. Trent Franks, otro miembro del grupo, no dio su opinión pero sí alabó la habilidad del vicepresidente a la hora de negociar con ellos: "Si Pence siguiera en el Congreso, probablemente sería nuestro líder". Por contra, el diputado Dave Brat salió de la reunión insistendo en que era "un 'no' total".
Los cambios respecto al plan que fracasó hace dos semanas consisten en la eliminación de dos de los principales avances logrados por la Ley de Sanidad Asequible de Barack Obama: la prohibición de cobrar más o negar la cobertura sanitaria a personas con enfermedades crónicas y la obligación de ofrecer unos servicios mínimos en todos los planes médicos. Con estos cambios, los estados tendrían la capacidad de escoger qué servicios serían obligatorios y cuáles no, mientras que las aseguradoras podrían cobrar más a los enfermos por mantenerles la cobertura.
El resultado podría ser la división del sistema sanitario del país en dos grupos de estados, según su color político: los que tuvieran gobiernos demócratas mantendrían los servicios mínimos actuales (visitas al médico, emergencias, maternidad, etc.), mientras que los gobernados por republicanos podrían eliminarlos y así reducir el coste de los planes para las personas sanas a costa de los enfermos, que se verían forzados a pagar más para obtener la misma cobertura. Además, la retirada del veto a la discriminación a los enfermos y los mayores aumentaría aún más los precios a las personas que, precisamente, necesitan más esa cobertura, a cambio de abaratársela a las personas sanas y los jóvenes.
Los mismos obstáculos
El mayor problema es que cuanto más conservadora es la ley, más republicanos moderados pierde por el otro lado. El foco en el CdL ha hecho olvidar a Trump y su equipo que el primer intento de aprobar la ley fracasó por un motivo más simple: la ley era extraordinariamente impopular, con apenas un 17% de apoyo entre los votantes, según una encuesta de Qunnipiac. Precisamente este dato y las llamadas críticas de los ciudadanos llevaron a votar en contra de la ley a una veintena de diputados que representan a distritos cuyos habitantes verían aumentados de forma desproporcionada los costes sanitarios o, directamente, perderían su cobertura actual. Por este mismo motivo, las probabilidades de que esta ley pase el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de solo dos votos, siguen siendo muy pequeñas: cuatro legisladores que representan a estados "bisagra", disputados entre los dos grandes partidos, han anunciado públicamente su oposición a eliminar esas protecciones.
Aun así, el plan de los líderes del partido en la Cámara de Representantes es llegar a un acuerdo cuanto antes, pasarlo a toda velocidad por las comisiones parlamentarias pertinentes, y aprobarlo de forma definitiva antes del viernes de esta misma semana, cuando los diputados se irán de receso por las vacaciones de Pascua. La idea es no dar tiempo a que la Oficina de Presupuestos del Congreso analice los efectos de la ley y evitar que la presión popular haga dar marcha atrás a los congresistas con más dudas. La presión, así, pasaría al Senado, y Trump tendría la primera de sus "victorias" legislativas, aunque fuera a costa de violar todas sus promesas sobre sanidad... si los moderados no lo impiden.
