Inmobiliaria

El despegue del inmobiliario en 2022 y el papel de la Administración: ¿obstáculo o ayuda?

  • Tribuna Lourdes Barriuso, directora del Área de Derecho Inmobiliario
  • Convendría mayor cautela al adoptar medidas limitativas
Lourdes Barriuso, directora del Área de Derecho Inmobiliario de Vaciero

Tras casi dos años de la crisis generada por la pandemia, el sector del ladrillo ha dado signos de una fortaleza inesperada que refuerza la idea de que en esta ocasión no solo no va a ser un factor generador de crisis, sino que puede contribuir muy activamente a la revitalización de la economía española.

La rápida recuperación de la actividad tras el primer estado de alarma, el lanzamiento de nuevos proyectos en 2020 y 2021 (buil to rent o logística) o el incremento de la inversión española y extranjera, hacen presagiar que esta solidez se mantenga o se refuerce en 2022 y 2023.

Si las cifras confirman la robustez del sector inmobiliario español (no seré yo humilde abogado quien les abrume con cifras), creo que hay otros factores cualitativos que permiten confiar en que el sector inmobiliario contribuya al sostenimiento de la economía tras la pandemia y el fin de las ayudas públicas.

La larga y durísima crisis de 2007 -con terribles consecuencia económicas y sociales- dio lugar a un durísimo proceso de "depuración" en el sector que, unido al gran esfuerzo de adaptación de los operadores tradicionales, la entrada de nuevos players (asset managers, servicers, promotoras, entre otros), ha dado lugar a un sector más profesionalizado y saneado financieramente.

Y se preguntarán ustedes qué hace un abogado hablando de estas cuestiones más propias de expertos de negocio. A donde quiero ir a parar es que, esa fortaleza que ha mostrado el sector inmobiliario aconseja que los poderes públicos no pongan trabas excesivas al desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Para garantizar la inversión hay que proteger la seguridad jurídica

Por otra parte, convendría mayor cautela y consenso a la hora de anunciar o adoptar medidas limitativas del desarrollo inmobiliario (la suspensión de la tramitación del planeamiento o licencias o la limitación del precio del alquiler, por ejemplo) dado que, siendo medidas bienintencionadas, la forma de adoptarlas en ocasiones genera temor y puede ahuyentar a los inversores.

Pero además de políticas públicas favorecedoras del desarrollo del suelo y proyectos inmobiliarios, la primera premisa para que el sector inmobiliario tire de la economía española y que los inversores no huyan (del sector o de ciertas geografías o productos) es garantizar la seguridad jurídica.

Una legislación más estable permitiría que los inversores apostasen por el sector inmobiliario

El entramado normativo español en el sector inmobiliario y urbanístico es excesivamente diverso e inestable, y ello genera incertidumbre entre los inversores. Una legislación más estable y lo más armónica posible en el ámbito estatal y autonómico (pensemos en la urbanística o sobre arrendamiento de vivienda), permitiría que los inversores apostasen por el sector inmobiliario español a medio y largo plazo.

Por otro lado, una mayor adaptación de la normativa a la realidad sociológica (una regulación urbanística en materia de usos para facilitar el coliving) o simplificación de los trámites administrativos (declaraciones responsables sustitutivas de determinadas licencias en materia de obras o apertura del negocio), contribuiría a que el producto llegase al mercado en un plazo de tiempo más corto y con menores costes. Estas medidas de simplificación de tramites y acortar plazos administrativos ya se han mostrado eficaces, pero es preciso seguir ahondando en ellas.

La seguridad jurídica y normativa facilitadora de trámites administrativos, además de contribuir a la permanencia de la inversión inmobiliaria, permite atraer a empresas multinacionales (de servicios tecnológicos o financieros) para ubicar sus sedes en capitales españolas, contribuyendo a crear empleo de alto valor.

El impulso de proyectos de colaboración público-privada será determinante

Favorecer el desarrollo de proyectos inmobiliarios no solo no está en contradicción con el interés público y la protección del derecho a la vivienda de las familias más vulnerables. Mas bien, deben discurrir en paralelo y en no pocas ocasiones ser intereses coincidentes. Así, las medidas de fomento contribuyen a poner en el mercado más producto de calidad (incentivos a la rehabilitación) y contribuyen a contener los precios de venta y renta.

Para todo lo anterior, el sector público y privado están llamados mantener una interlocución fluida y de mutua confianza y a colaborar de forma mucho más estrecha, permanente y decidida. En este sentido, el impulso de proyectos de colaboración público-privada será determinante tanto en facilitar el acceso a la tan demandada vivienda asequible como en reducir al máximo el impacto económico y social de la pandemia para ciudadanos y empresas.

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