Las navieras Ership, a través de su subsidiaria Ronco, y López Guillén firmaron ayer la salida del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Almería. La sociedad será liquidada y los trabajadores, en virtud de un acuerdo colectivo alcanzado por las empresas y los sindicatos, entre los que sobresale Coordinadora, serán subrogados a las compañías en proporción a su participación en el capital y del porcentaje de actividad.
Se trata de un movimiento que puede suponer un punto de inflexión para la disolución de otros CPE en los puertos españoles como pretenden algunas de las principales firmas del sector como Ership y, en consecuencia, para un cambio sustancial en el modelo que rige las relaciones laborales y operativas de la estiba en los puertos españoles.
El acuerdo también contempla la creación de una mesa de convenio sectorial para el puerto, dado que el convenio actual, perteneciente a los CPEs, no será válido en el futuro. Los CPEs son sociedades constituidas con el objeto de facilitar la cesión temporal de trabajadores a empresas de manipulación de mercancías. Su creación se remonta a 2017, cuando se aprobó en España el Real Decreto-Ley 8/2017, que eliminó la obligación de las empresas de pertenecer a las antiguas SAGEPs -una figura similar-.
Fue la respuesta al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2014, que declaró que el sistema de estiba en España vulneraba el derecho fundamental a la libre circulación de empresas y trabajadores. El TJUE sentenció que no se podía obligar a las empresas a formar parte de una sociedad para la gestión de personal portuario (SAGEPs).
No obstante, según denuncia Carlos Nárdiz, director de Operaciones y Terminales Portuarias de Ership, "las modificaciones legislativas posteriores han revertido, en la práctica, la libertad empresarial que la normativa europea intentaba garantizar, aunque con apariencia de respetarla por el carácter de voluntario que la Ley 4/2022 otorga a los CPEs, permitiendo a las empresas salir del mismo si esa es su voluntad". No en vano, desde la entrada en vigor de la Ley 4/2022, se han registrado unas 80 solicitudes de salida de los CPEs en toda España. Sin embargo, en tres años, solo dos de ellas, la de Vigo (sin liquidación) y ahora la de Almería, han sido efectivas.
"Esto evidencia que la regulación actual no facilita la aplicación de la normativa europea ni garantiza la competencia en el sector portuario", señala Nárdiz. En otras palabras, este dato sugiere que "la voluntariedad de los CPEs, en la práctica, resulta cuestionable y que, a pesar de que han transcurrido 11 años desde la sentencia del TJUE, si bien se ha modificado la denominación de las sociedades de gestión de personal portuario, el funcionamiento del sistema sigue manteniendo elementos similares a los señalados en dicha resolución". "Esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también puede afectar la eficiencia operativa de las empresas, ya que las obliga a mantener estructuras que quizás no se alinean completamente con sus necesidades estratégicas ni con la evolución del sector", abunda.
El caso del CPE de Almería, aunque representativo, "ilustra la complejidad y lentitud del proceso", toda vez que la negociación se ha prolongado durante tres años. "La salida de una empresa de un CPE no debería depender de la voluntad de terceros ni de negociaciones interminables", denuncia el directivo de Ership. Si bien en Almería se ha alcanzado un acuerdo, este no puede considerarse la norma, sino una excepción dentro de un sistema que, en su estado actual, impide la libre decisión empresarial", lamenta.
"Si, tras el acuerdo de Almería, todas las empresas que han solicitado su salida de los CPEs pueden hacerlo de manera efectiva, garantizando que ninguna permanezca en ellos de forma involuntaria, se podrá considerar que se ha dado pleno cumplimiento a la sentencia del TJUE y a la normativa europea en España", expone. Sin embargo, si esto no se materializa, a pesar de haber transcurrido más de tres años desde la entrada en vigor de la Ley 4/2022 y 11 años desde la sentencia del TJUE, "persistirá el riesgo de que la normativa española no esté completamente alineada con la europea", advierte.
Ership Grupo aboga por un proceso de salida de los CPEs basado en un sistema estructurado y transparente, con condiciones claras y objetivas que permitan a las empresas tomar decisiones con mayor previsibilidad y sin depender de negociaciones prolongadas.
"La liberalización del sector es una cuestión ampliamente respaldada, no solo por el ámbito privado, sino también por la propia Comisión Europea, que ha reiterado la importancia de que España adapte su marco normativo a las directrices establecidas en la sentencia del TJUE", subraya Nárdiz. En este sentido, "resultará esencial que el procedimiento de salida de los CPEs evolucione hacia un modelo regulado y basado en criterios objetivos, evitando que acuerdos internos entre empresas competidoras sean el único camino posible. Un mecanismo diseñado para favorecer la libertad empresarial no debería convertirse en una barrera que limite la evolución del sector", remata.