Valencia
La constructora Pavasal se asegura uno de los mayores contratos de conservación de uno de los grandes ejes de autovías de titularidad estatal en la Comunidad Valenciana, la A-3 que une Valencia con el centro peninsular y Madrid.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 23 millones de euros (IVA incluido) el contrato de una de las zonas para conservar y mantener los 182 kilómetros de la red de carreteras del Estado en la provincia de Valencia. Aunque el Ministerio no incluye la adjudicataria, tal y como figura en la Plataforma de Contratación del Sector Público la empresa que se ha impuesto en la licitación es la valenciana Pavasal, uno de los principales operadores en este sector en la Comunidad Valenciana.
La oferta del grupo constructor se ha impuesto a otras 18 con una importante rebaja, ya que el presupuesto inicial del contrato superaba los 29 millones de euros. El contrato contempla una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Los trabajos de la denominada zona 2 de Valenciana incluyen 106,5 kilómetros de autovías. La mayoría pertenece a la susodicha A-3 que enlaza Valencia con Madrid, desde el límite provincial con Cuenca (el viaducto de Contreras) hasta la ciudad de Valencia.
Las otras carreteras incluidas
También se incluye la N-220, a lo largo de 2 km entre Manises y Paterna, así como la N-3, desde el kilómetro 235 (en el tramo paralelo al viaducto de Contreras de la A-3) y el 262 (Utiel), además de la V-11, en un tramo cercano a 2 km a la altura de Manises.
El contrato además de la conservación supondrá llevar a cabo la obra de instalación, mejora y adaptación de sistemas de contención en la A-3, entre los km 252 (Villargordo del Cabriel) al 278 (Utiel); del 319 (Buñol) al 338 (Riba-roja de Turia); y del 349 al 351 (Valencia capital), en la provincia de Valencia.
Los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deben incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.