Especial ESG
España afronta el desafío de invertir 241.106 millones de euros en infraestructuras, según las estimaciones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). De esta cantidad, la patronal de las grandes constructoras calcula que 177.582 millones de euros corresponden a infraestructuras planificadas y 63.524 millones en modernización y mejora del stock de capital público. Por segmentos, la movilidad de viajeros y mercancías representa 114.061 millones, el agua y medioambiente, 63.453 millones y energía asociada a redes, infraestructuras y eficiencia energética, 54.175 millones.
España está comprometida con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la asamblea general de la ONU el 25 de septiembre de 2015. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Y entre sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), destacan, por su relación directa con la necesidad de infraestructuras, la salud y bienestar (ODS 3), el agua limpia y saneamiento (ODS 6), la energía asequible y no contaminante (ODS 7), la industria, innovación e infraestructura (ODS 9), las ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y la vida y ecosistemas terrestres (ODS 15).
El Gobierno español aprobó en junio de 2018 el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030: hacia una estrategia de desarrollo sostenible. Este primer documento sentó las bases de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de junio de 2021. Esta estrategia es la hoja de ruta que llevará al país al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030. En ella colaboran de manera proactiva comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones de la sociedad civil.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 sigue una estructura en la que se identifican un total de ocho retos país, frente a los que se plantean ocho políticas aceleradoras. Además, cada una de estas políticas especifica prioridades de actuación, articuladas siempre de acuerdo con el Plan de Recuperación.
Los retos país planteados en la estrategia española son: acabar con la pobreza y la desigualdad; hacer frente a la emergencia climática y ambiental;cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación; superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente; poner fin a la precariedad laboral; revertir la crisis de los servicios públicos; poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta; revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico.
El agua y medio ambiente requieren 63.453 millones de euros
La inversión en infraestructuras, además de ser necesaria para el cumplimiento de la Agenda 2030, constituye un instrumento o palanca clave para el desarrollo de la actividad económica y el empleo. No en vano, las inversiones estimadas por Seopan generarían, según sus cálculos, durante 2021-2030, generarían un impacto de 188.063 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) de España, la creación de en torno a 2,8 millones de nuevos empleos a tiempo completo y 62.688 millones de recaudación fiscal. Estos datos resultan de que por cada millón de euros invertido en obra civil en España se generan 780.571 euros en PIB de forma directa, indirecta e inducida, casi 12 empleos a tiempo completo y 263.366 euros de retorno fiscal, según datos del informe El sector de la construcción en España. El impacto económico de la obra civil, elaborado por PwC a petición de Seopan. Del mismo modo, teniendo en cuenta este efecto multiplicador de invertir en obra civil en España, por cada euro de PIB directo vinculado a la obra civil en España se generan tres euros en el conjunto de la economía, por cada empleo a tiempo completo vinculado a la obra civil se crean casi tres empleos más y por cada euro recaudado directamente por la obra civil se generan 2,3 euros de recaudación fiscal total.
El informe explica que, como consecuencia de la crisis financiera que sufrió España en 2008, el presupuesto público destinado a obra civil se redujo de forma drástica y, pese a la llegada de los fondos de recuperación europeos en 2021, no se han recuperado aún las cifras previas a la crisis. Esta disminución de la inversión pública –11.863 millones de euros en 2022 frente 33.680 millones en 2009– "está provocando el envejecimiento de las infraestructuras y un retroceso del stock de capital público de tal forma que, si el actual ritmo inversor persiste, en 2030, casi la mitad de las infraestructuras públicas en España superará los 20 años de antigüedad". Este déficit de inversión afecta especialmente a las infraestructuras hidráulicas, portuarias y viarias, que son las más envejecidas.
Desde la organización que representa a empresas constructoras punteras en el mundo como ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA demandan desde hace años a los distintos gobiernos, nacionales y autonómicos, que fomenten la colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras a través de la promoción de concesiones. Las iniciativas con esta fórmula siguen siendo en España muy limitadas si se compara con lo que ocurre en la mayoría de las mayores economías del mundo, como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, o con mercados como Brasil, Chile, Colombia o Perú.
A juicio del sector privado, el uso de la colaboración público-privada emerge como una vía imprescindible para poder acometer las inversiones que España requiere en materia de infraestructuras y avanzar así hacia los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Máxime cuando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen limitaciones evidentes y las prioridades están orientadas a sanidad, educación y pensiones y otros gastos sociales.
La obra civil se revela como pilar fundamental para cumplir los ODS definidos por las Naciones Unidas. Los más de 241.000 millones que estima Seopan se orientan a iniciativas relacionadas con el ciclo integral del agua, transportes, energía e infraestructuras de equipamiento público.
En concreto, de los 177.582 millones estimados para infraestructuras planificadas en el periodo 2022-2027, las obras hidráulicas copan 37.938 millones. Esta cantidad se distribuye entre: saneamiento y depuración, 11.016 millones; regadío y abastecimiento, 8.749 millones; mantenimiento, 8.008 millones; gestión de recursos hídricos, 5.344 millones; inundaciones, 2.608 millones; desalinización y reutilización, 2.213 millones.
Por su parte, las infraestructuras de transporte copan 85.469 millones, repartidos entre: ferrocarril, 51.394 millones; carreteras, 27.081 millones; aeropuertos, 4.650 millones; puertos, 2.344 millones. Asimismo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 contempla 54.175 millones. De ellos, corresponden 34.988 millones a eficiencia energética; 7.556 millones a interconexiones eléctricas; 7.431 millones a redes; y 4.200 millones a bombeo hidráulico.
Las inversiones necesarias para modernización del stock de capital público alcanzan los 63.524 millones. Las obras hidráulicas y de medio ambiente acaparan 25.515 millones, que se dividen entre: redes, 20.046 millones; plantas de tratamiento, 2.443 millones; depuradoras, 1.487 millones; autoconsumo desalinizadoras, 880 millones; y autoconsumo depuradoras, 659 millones.
En el caso de transporte, la cifra asciende a 28.592 millones. De este importe, carreteras abarca 10.275 millones; intermodalidad ferroviaria, 8.215 millones; electromovilidad, 6.684 millones; y seguridad vial, 3.418 millones. Por último, para equipamiento público la cuantía es de 9.417 millones, repartidos entre: capacidad hospitalaria, 7.830 millones; neutralidad en hospitales, 1.277 millones; y neutralidad en universidades, 310 millones.
La obra civil contribuye a cumplir con la meta 3.6 del ODS de Salud y Bienestar a través de la mejora de la seguridad de las carreteras. Así, es necesario abordar la accidentalidad de las carreteras convencionales, que suponen más del 90% de los kilómetros de la red de carreteras y un índice de letalidad que dobla el de autovía y autopista. Asimismo, el saneamiento y la depuración del agua son posibles gracias a la obra civil, contribuyendo al logro de las metas 6.3 (reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar), 6.5 (implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles) y 6.6 (proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos) de los ODS.
La obra civil también se descubre como palanca para cumplir con la meta 7.3 del ODS de Energía Asequible y No contaminante orientada a duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. De igual modo, la consecución de la meta 9.1 del ODS de Industria, Innovación e Infraestructura requiere de obras civiles que mantengan y renueven las redes de suministro de agua, así como las carreteras, las conexiones ferroviarias, los accesos viales a puertos y las terminales logísticas que promuevan la comodalidad del transporte.
Según Seopan, la obra civil posibilitará también la creación de ciudades y comunidades sostenibles, en línea con el ODS 11, garantizando la movilidad y las infraestructuras verdes y mejorando las infraestructuras de tratamiento de residuos y recuperación de energía e infraestructuras básicas en zonas menos pobladas. Por último, las inundaciones y sequías se prevendrán mediante infraestructuras de obra civil que permitan conservar la vida de ecosistemas terrestres (ODS 15).
