Ortiz pone tierra de por medio a años de riña con la administración panameña. La constructora española ha decidido vender el laudo arbitral que mantenía con el Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA) por 25 millones de euros, de acuerdo a la última información financiera depositada ante el Mercado Alternativa de Renta Fija (MARF) con motivo de la presentación de sus cifras anuales.
En la documentación consultada, Ortiz explica que el pasado 29 de febrero, a través de su sociedad dominante Ortiz Construcciones y Proyectos SA, recibió una propuesta de compra del laudo arbitral respecto al contrato de Redes de Saneamiento Lote I y III en San Miguelito, en Panamá, por valor de 27 millones de dólares (25 millones de euros al cambio).
La compañía cuyo director general es Raúl Arce y tiene como CEO y presidente a Juan Antonio Carpintero López ahonda en que dicha propuesta ha sido aceptada, "por lo que durante el ejercicio 2024, entrara una caja por este importe". La identidad del comprador no fue desvelada.
El pulso entre la compañía y Panamá lleva enquistado más de tres años. La pugna se fecha desde, al menos, el momento en el que un Tribunal Arbitral diese su veredicto en favor de la empresa española en mayo de 2021, lo que llevó a la administración a solicitar al Ministerio Público del país que promoviese un recurso de nulidad contra dicha condena —en defensa de los intereses del Estado —, de acuerdo a la prensa local.
El conflicto se inició cuando el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) rescindió el contrato tras alegar incumplimientos por parte de Ortiz. Antes de llegar a este punto, un Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se declaró incompetente ante el sometimiento a arbitraje contemplado en el contrato.
La rescisión del contrato paró en seco las labores para la construcción de la red de alcantarillado del distrito de San Miguelito, donde Ortiz debía encargarse de la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de redes de alcantarillado y subcolectoras para recoger aguas servidas o residuales.
La adjudicación del plan
El plan beneficiaba aproximadamente a 13.900 familias y 58.400 habitantes de la zona, disminuyendo la contaminación y riesgos de salud, al mismo tiempo que contribuía con el saneamiento y con la mejora de la calidad de vida de la población de la ciudad y Bahía de Panamá. En el proyecto se integraron a miembros de la comunidad, dando la oportunidad a los jóvenes de poder trabajar en la construcción.
El coste total del proyecto rozaba los 90 millones de dólares. Al margen de Ortiz, que se adjudicó el desarrollo de la primera fase, por 37.6 millones de dólares, y de la tercera (21 millones), parte de los trabajos fueron encargos a Constructora Urbana SA (CUSA), que debía realizar un tramo de alcantarillado por valor 37,6 millones de dólares.
