Infraestructuras y Servicios

El Gobierno planea imponer por ley la revisión de precios en las obras públicas

  • Negocia cambios en la ley de desindexación para restaurar un sistema obligatorio y bajar la carencia
  • Busca fórmulas para evitar que las constructoras dejen desiertos contratos por más de 7.000 millones
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Foto: Europa Press

El Gobierno, a través de los ministerios de Transportes, de Hacienda y de Asuntos Económicos, aborda cambios normativos y legislativos para instaurar un sistema estable y predecible para la revisión de los precios en las obras públicas, según indican fuentes gubernamentales. El Ejecutivo mantiene desde hace unas semanas negociaciones con las constructoras para definir los detalles y evitar así la amenaza de que queden desiertos este mismo año contratos públicos, fundamentalmente de las Administraciones locales y autonómicas, por alrededor de 7.000 millones de euros, o incluso de abandono de proyectos en curso.

Este riesgo deviene del vencimiento, el pasado 1 de marzo, y la decisión del Gobierno de no prorrogar el mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos de obra que Moncloa instrumentó un año antes -desde el 2 de marzo de 2022- a través del Real Decreto-ley 3/2022 para hacer frente en la inflación. Desde entonces, los nuevos proyectos, fundamentalmente de aquellos titularidad de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, salen a licitación sin una fórmula a la que acogerse. Los contratos de los entes dependientes del Estado sí la tienen recogida en sus pliegos de contratación, caso de Adif, el mayor inversor en el desarrollo de infraestructuras en España, o la Dirección General de Carreteras (DGC).

En un contexto en el que la inflación aún se mantiene en niveles elevados y sin previsión de caídas sustanciales, el sector de la construcción urge una respuesta a una problemática que, más allá del impacto para el tejido empresarial, pone en riesgo el uso de una parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, perdiendo así la oportunidad de mejorar la red de infraestructuras, de toda índole, del país.

El grupo de trabajo ad hoc promovido por Transportes, Hacienda y Asuntos Económicos tiene sobre la mesa varios planteamientos, entre los que también se recogen soluciones transitorias ante la coyuntura actual. Las opciones que se plantean atañen por ahora a los contratos públicos de obra. El sector también reclama que se implementen medidas adicionales de revisión de precios para los contratos de servicios adscritos a infraestructuras, que fueron excluidos del ámbito del RD-ley 3/2022. Por el momento no hay nada aprobado, pero la expectativa es que se implemente en las próximas semanas.

De acuerdo con fuentes conocedoras, Transportes, Hacienda y Asuntos Económicos exploran varias medidas que están ahora en estudio y afectan tanto a las obras en curso como, con un mayor calado, a las futuras. Así, por un lado, se plantea que la revisión excepcional incremente su alcance desde el límite del 20% respecto al precio de adjudicación del contrato que está contemplado en el RD-ley hasta el 30%. Con este aumento se buscaría resolver los sobrecostes en que están incurriendo las constructoras, superiores al 20% referido. En concreto, según los cálculos sectoriales, el impacto promedio que han tenido las obras acogidas –prácticamente todas las que están en ejecución– al mecanismo articulado el pasado año se sitúa en el entorno del 26%-27%. Este escenario está propiciando unos márgenes en los proyectos exiguos, cuando no negativos. Descartada la prórroga del RD-ley 3/2022, esta modificación podría instrumentarse a través de una orden ministerial o de otro Real Decreto-ley.

El periodo de carencia

En paralelo, el departamento que dirige Raquel Sánchez ha trasladado una medida orientada a recuperar un sistema de revisión de precios obligatorio en la Ley de desindexación de la economía española. Hasta su aprobación el 30 de marzo de 2015 todos los órganos de contratación tenían la obligación de incorporar fórmulas para revisar los precios. A partir de entonces, desapareció dicha obligación y su inclusión quedó a su arbitrio, teniendo además que justificarlo. Esto ha llevado a que la mayoría de entes locales y autonómicos ignoren esta posibilidad. De este modo, el planteamiento discurre por reestablecer la obligatoriedad, aunque con excepciones, de manera que se permitiría a los órganos de contratación la no inclusión de la revisión previa justificación.

La Ley de desindexación de la economía determina, igualmente, que la revisión de precios en los contratos del sector público Rauqendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización –la mayoría de las obras tienen periodos de ejecución inferiores–. En este punto, el Gobierno está considerando rebajar el plazo de carencia actual de dos años bajo determinadas circunstancias -se apunta a un año-. El sector de la construcción pide que dicha carencia se reduzca a seis meses. También está en discusión desde cuándo se contabiliza dicho periodo. La norma establece en la actualidad que se inicie desde la formalización del contrato y se estudia que comience desde la presentación de las ofertas. No se descarta que esta modificación pueda implementarse a través de una orden ministerial y emerger así como una solución transitoria, dadas las urgencias que exponen las empresas.

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