Barcelona
Ni la Generalitat de Catalunya ni Acciona quedaron conformes con el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el conflicto por Aigües Ter Llobregat (ATLL). La justicia condenó al Govern al pago de 304 millones de euros de indemnización por la privatización fallida de la concesionaria; una cifra que quedaba muy lejos de los más 1.000 millones que exigía la cotizada, que tiene vendidos los derechos del pleito al fondo Fortress. Ambas partes han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo en busca de que se estimen todos sus argumentos.
Fuentes judiciales explican a elEconomista.es que tanto la Generalitat como la empresa presidida por José Manuel Entrecanales han presentado recursos de casación a las tres sentencias emitidas por la sección 5ª de la sala contenciosa administrativa del TSJC el pasado mes de diciembre. El plazo para presentar las enmiendas vencía esta misma semana y las dos partes apuraron los tiempos para realizar los trámites.
Las mismas voces señalan que Acciona ha vuelto a sus demandas iniciales, que superaban los 1.000 millones de euros. La organización pedía 304 millones por la anulación del contrato y otros 794 millones por el lucro cesante en concepto de daños y perjuicios; 1.098 millones en total. El TSJC estimó la primera parte, pero no hizo lo mismo con la segunda.
La Generalitat ya hizo un apunte contable de 380 millones en sus cuentas por si le toca pagar
Mientras, una portavoz del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat confirmó la presentación del recurso, que se centra en pedir al tribunal que establezca y detalle los conceptos, partidas e intereses que se deben incluir en la liquidación del contrato anulado.
Según las tres sentencias de la justicia catalana, la indemnización se dividía entre 262,8 millones de canon no amortizado, 38,2 millones por inversiones no amortizadas y 3,3 millones más intereses por los costes de la licitación. No obstante, el dinero no irá a Acciona, que en 2019 vendió los derechos del litigio al fondo de inversión Fortress por un importe de 170 millones. El acuerdo dejó fuera los 53,8 millones que el Ejecutivo catalán ya había aceptado como compensación y reservó una parte variable para la cotizada en función del cobro final.
En 2015, la Generalitat hizo un apunte contable de 380 millones en sus cuentas por si le obligaban a finalizar la concesión, aunque técnicamente no se trata de una provisión.
El culebrón de ATLL ya dura más de una década
De este modo, el culebrón queda lejos de terminar. El conflicto por la mayor privatización de la historia de un gobierno catalán arrancó después de que Agbar recurriese la adjudicación original de ATLL por deficiencias en el procedimiento. La justicia le dio la razón y Acciona y la Generalitat entraron en un conflicto por el que la empresa pide una indemnización de 1.000 millones. El Govern no aceptó la liquidación y el caso se judicializó.
La Generalitat decidió privatizar ATLL en 2012 en plena crisis económica en busca de 1.000 millones de euros para cuadrar sus cuentas. La necesidad de caja del Ejecutivo de Artur Mas motivó el lanzamiento de una operación, que sirvió para reducir el déficit en cinco décimas y cuadrar el ejercicio, pero que ha terminado por costar dinero a las arcas catalanas.
ATLL, ahora gestionada por la Generalitat, es una compañía que abastece de agua a aproximadamente 4,5 millones de personas en Barcelona y 22 municipios de su área metropolitana. El agua procede de los ríos Ter y Llobregat, tiene plantas en Cardedeu y Abrera y desalinizadoras en Tordera y El Prat.
