La privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) acabará saliendo a devolver para la Generalitat. La venta de la concesionaria diseñada por el Gobierno de Artur Mas en 2012 debía servir para inyectar 1.000 millones de euros a las arcas catalanas, pero el dinero no solo no llegó, sino que le tocará pagar. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emitido un fallo en el que obliga a la Generalitat a devolver 304 millones de euros en el contencioso abierto hace cuatro años después de que los tribunales anulasen su adjudicación a un consorcio liderado por Acciona.
La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dictó este jueves tres sentencias que obligan a la Generalitat a devolver 304 millones de euros más intereses tras naufragar la adjudicación. La resolución es recurrible por parte del Govern.
La justicia admite parcialmente el recurso interpuesto por Acciona al revocarse la concesión. La compañía presidida por José Manuel Entrecanales vendió en 2019 los derechos económicos del litigio al fondo estadounidense Fortress por 170 millones, aunque se guardó una parte variable según la indemnización. Además, dejó fuera del acuerdo los 53,8 millones que el Ejecutivo catalán ya había aceptado como compensación.
La judicialización arrancó con el recurso de Agbar
El conflicto se produjo después de que Agbar recurriese la adjudicación original de ATLL, una compañía que abastece de agua a aproximadamente 4,5 millones de personas en Barcelona y su área metropolitana. La justicia le dio la razón y Acciona y la Generalitat entraron en un conflicto por el que la empresa pedía una indemnización de 1.000 millones. El Govern no aceptó la liquidación y el caso se judicializó.
Ahora, el TSJC condena concretamente al Departament de Territori al pago de estos 304 millones de euros. Concretamente, el pago se divide entre 262,8 millones de canon no amortizado, 38,2 millones por inversiones no amortizadas y 3,3 millones más intereses por los costes de la licitación. La sala no estimó las demandas de 794 millones por lucro cesante de Acciona, por lo que también podría recurrir la resolución.
En 2015, la Generalitat hizo un apunte contable de 380 millones por si le obligaban a finalizar la concesión, aunque técnicamente no se trata de una provisión.
La búsqueda fallida de 1.000 millones
La Generalitat decidió privatizar ATLL en 2012 en plena crisis económica en busca de 1.000 millones de euros para cuadrar sus cuentas. La necesidad de caja del Ejecutivo de Artur Mas motivó el lanzamiento de una operación, que sirvió para reducir el déficit en cinco décimas y cuadrar el ejercicio, pero que ha terminado por costar dinero a las arcas catalanas.
