Valencia
El cambio de año supuso la entrada en vigor de la normativa que obliga a implantar las zonas de bajas emisiones (ZBE) en los municipios con más de 50.00 habitantes. Una normativa que incluye a las 15 mayores ciudades de la Comunidad Valenciana, que ya tienen en marcha proyectos que superan los 210 millones de euros para hacer frente a una medida que pretende reducir hasta un 35% las emisiones contaminantes de los vehículos.
La mayoría de los planes de los ayuntamientos valencianos incluyen actuaciones vinculadas tanto a la puesta en marcha de los sistemas para aplicar las nuevas restricciones a los coches como otras actuaciones complementarias para transformar la propia fisonomía de esas zonas donde se reducirá el tráfico rodado.
Estas elevadas inversiones municipales son posibles gracias a la lluvia de millones procedente de los fondos europeos vinculados a los Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia previsto para crear esta figura. Los ayuntamientos valencianos ya consiguieron obtener algo más de 85 millones de euros en la primera convocatoria de ayudas que el Ministerio de Transición Ecológica puso en marcha el año pasado. Unos fondos con los que los 15 municipios de Alicante, Castellón y Valencia se han comprometido ya a desarrollar proyectos por un total 141 millones de euros. Es decir, 6 de cada 10 euros para estas actuaciones serán costeados por Europa y por el Estado.
Además el Ministerio realizó una segunda convocatoria a finales del año pasado por otros 500 millones para el conjunto de España. Una financiación a la que han vuelto a presentar sus proyectos para obtener fondos los consistorios valencianos. Con ese dinero solicitado, cuyo reparto aún está pendientes de asignar, es con el que los ayuntamientos valencianos superarán en conjunto los 210 millones en proyectos para hacer realidad esas zonas de bajas emisiones.
El destino de esos fondos irá más allá de la tecnología y las cámaras necesarias para controlar los coches que circulan en cada área, además de la implantación de los sensores que deben medir las emisiones contaminantes reales a lo largo de las poblaciones. Así los planes presentados por las corporaciones incluyen financiarán obras para peatonalizar calles y también implantar mejoras en el transporte público y otros medios alternativos, como la bicicleta, para ofrecer una alternativa de movilidad a los vecinos.
Contratos ya adjudicados
Lógicamente la capital valenciana es el municipio de la Comunidad que destinará más dinero a implantar sus zonas de bajas emisiones. El Ayuntamiento que dirige Joan Ribó presentó proyectos por 60,9 millones de euros en la primera convocatoria para los que ose aprobaron 38 millones de los fondos europeos con el objetivo de implantar las restricciones a los coches, rebajar las emisiones contaminantes y reforzar su transporte público.
El consistorio de la capital valenciana es uno de los pocos que ya ha adjudicado el contrato para implantar las 247 cámaras previstas y los sistemas informáticos para monitorizar y controlar el acceso a las distintas zonas en que se compartimentará la ciudad. A finales del año pasado Eysa, que también gestiona el servicio de estacionamiento en zonal azul de la ORA en la ciudad, y la catalana Aluvisa se impusieron en un disputado concurso público. La puesta en marcha de estos sistemas supondrá un coste directo de 10,8 millones de euros. Un sistema que aún no tiene fecha para entrar en operación, de hecho, en los pliegos se fija un plazo de dos años para el servicio.
Pero además el Ayuntamiento aún debe adjudicar el contrato de servicio para la gestión del tráfico en toda la ciudad durante los próximos 5 años, cuyos sistemas también deben de adaptarse y ser compatibles con a la tecnología y los equipos previstos para las ZBE. Aunque ya se ha elegido a Etra para ese contrato, valorado en otros 39 millones de euros, todavía no se ha formalizado.
En el caso de Alicante, el consistorio gobernado por PP y Cs también ha adjudicado ya a la empresa Tecnologías Viales Aplicadas (Teva) la instalación de dos redes de sensores y sistemas inteligentes de reconocimiento de matrículas por un total de 4,4 millones de euros. Su zona de bajas emisiones contará con dos anillos, uno interior en el casco histórico junto a su fachada litoral, y otro más amplio marcado por la Gran Vía. En total afectará a 22 barrios en los que, según los datos del Ayuntamiento, se localizan 100.000 vehículos de los algo más de 235.000 registrados en el municipio. La capital alicantina acometerá 14 proyectos con un presupuesto total de 37 millones de euros, después de haber logrado algo más de 15 millones de los fondos.
Sin embargo, los plazos para que empiecen a aplicarse las restricciones siguen en el aire, ya que ninguno de los grandes ayuntamientos valencianos ha aprobado aún la ordenanza necesaria para que entre en vigor. Los municipios coinciden en culpar al Gobierno central del retraso, porque hasta cuatro días antes de final de año no aprobó el decreto ley que regula esta nueva figura y aún hay aspectos concretos que no se han despejado.
El propio alcalde de Valencia, Joan Ribó, asegura que "hay cosas que todavía no están del todo determinadas legalmente" y no se atreve a fijar plazos: "Es un asunto que se estudiará con mucha calma". El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha pedido que se amplíen los plazos y en Valencia dan por hecho que habrá una moratoria. Y por si fuera poco las elecciones municipales de mayo tampoco auguran una especial urgencia para anunciar restricciones.
