La puesta en marcha de las zonas de bajas emisiones es uno de los puntos más controvertidos de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque genera un gran impacto en las ciudades, ya que dicho establecimiento de las zonas afecta directamente a la movilidad y estacionamiento de los vehículos con el objetivo final de conseguir una notable reducción de emisiones de gases nocivos. La norma de mayo de 2021 impone la obligatoriedad, para los municipios de más de 50.000 habitantes, de delimitar unas zonas en las que se restrinja la entrada de vehículos potencialmente contaminantes que esté en vigor a 1 de enero de 2023. En total son 149 municipios los que se verían afectados por esta normativa. A pesar de haber contado con dos años para implementar las medidas, la gran mayoría de los territorios que deben aplicar estas zonas de bajas emisiones (ZBE) no van a cumplir los plazos establecidos, y los ayuntamientos piden una prórroga al Gobierno central para poder plantear bien los criterios de cada territorio. En este sentido está trabajando La Federación de Municipios y Provincias, FEMP, tal y como ha podido confirmar elEconomista Movilidad y Transporte.
Es prácticamente unánime entre los numerosos territorios que les va a ser imposible cumplir con la Ley de Zona de Bajas Emisiones a tiempo. Alegan que van con retraso porque el Gobierno central a día de hoy todavía no ha aprobado el real decreto que regula el establecimiento de estas zonas. "Estamos esperando a que el Gobierno central establezca un marco normativo estable para la puesta en marcha de estas zonas de bajas emisiones", apunta Giusseppe Grezzi, consejero de Movilidad sostenible del Ayuntamiento de Valencia.
Algo que hace tangible el retraso que con el que algunos municipios van a empezar a aplicar esta ley es que, en la ciudad de Valencia, a pocas semanas de la fecha fijada para tener que empezar aplicar la normativa, todavía se encuentran en periodo de licitación las 270 cámaras que se instalarán para controlarlo. Esta instalación de cámaras va de la mano con una consulta que está realizando el ayuntamiento en la ciudad para ver cuál es la forma óptima de establecer las ZBE.
Tal es el desconcierto en este sentido, que el consejero del ayuntamiento de Valencia asegura que "no está muy claro que el plazo sea hasta el 1 de enero o el 31 de diciembre de 2023". Desde el Ayuntamiento de la ciudad del Turia, también señalan que hay voces que apuntan a que el Gobierno central y la Federación de municipios están hablando para ampliar el plazo dado.
Por su parte desde el Ayuntamiento de Santander, haciendo uso del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, se están proveyendo de tecnología que les permita establecer con un criterio científico esas zonas de bajas emisiones, y en un futuro cuando estén en marcha poder tener un control eficaz sobre las mismas.
Por otro lado, este mismo municipio sostiene que el retraso se debe a la falta de regulación por parte del Gobierno central. "Los ayuntamientos nos estamos encontrando con muchas incertidumbres que de momento no se están aclarando por el Gobierno Central", afirma César Díaz, concejal de Movilidad Sostenible de Santander. Las razones son dos. Por un lado, porque el retraso en la tramitación de los fondos europeos que precisamente están destinados, como su título bien indica, a la implantación de las zonas de bajas emisiones, se ha desfasado "enormemente" con respecto a la entrada en vigor de las mismas prevista para 2023; y, por otro, porque el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica, aún está en discusión y sin aprobar. "Tanto el marco jurídico, como el técnico, y también el económico, no están lo suficientemente definidos, y mucho menos consolidados, como para trasladar una obligación a los Ayuntamientos en lo referente a la implantación de las ZBE para el 1 de enero", se queja Díaz.
A su vez, Zaragoza, otra de las ciudades afectadas, se encuentra alineada con las propuestas de la Federación de Municipios y Provincias que está reclamando la aprobación de un reglamento común para todas las ciudades de España en el que se fijen los criterios básicos de diseño, control, accesos, etc.
Desde el consistorio maño también consideran fundamental tener en cuenta las características climatológicas de cada territorio para el establecimiento de las zonas de bajas emisiones. "Habría que tener también en cuenta la situación real de cada ciudad respecto a su nivel de contaminación y emisiones. Zaragoza es una capital expuesta habitualmente al viento y sobre la que es absolutamente extraño que se formen las boinas de contaminación que sí se dan en otros lugares", sugiere Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
A pesar de las quejas señaladas anteriormente, el Ayuntamiento de Zaragoza asegura que la ZBE se pondrá en marcha en el año 2023, empezando por la zona más céntrica de la ciudad, su Casco Histórico, aunque tampoco será el 1 de enero.
Un caso particularmente curioso es el de Logroño, que a pesar de contar con lo que ellos consideran 13 zonas de bajas emisiones, no tienen seguridad de que esa medida vaya a ser considerada como válida cuando se apruebe el reglamento. "Bajo nuestro punto de vista ya tenemos ZBE, pero no sabemos si con ello se dará cumplimiento al futuro decreto", puntualiza Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Logroño.
Para la realización de este reportaje elEconomista Movilidad y Transporte también se puso en contacto con los ayuntamientos de Bilbao, Pamplona, Murcia, Irún, Palma, Badajoz, Toledo, Oviedo y Málaga, al cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta de ninguno de los consistorios citados anteriormente. Así como, con la Federación española de municipios y provincias (FEMP) Que tampoco ha atendido las preguntas de este medio.
