Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en las que se restringe el acceso a determinados vehículos en función de lo que contaminen, se presumen como soluciones para mejorar la calidad del aire en las urbes.
Quienes se ven afectados por este tipo de medidas tienen distintas opciones para afrontar el nuevo obstáculo. Pueden, por un lado, realizar sus trayectos prescindiendo del coche privado, ya sea con paseos a pie, en bici, en coche compartido o en transporte público; pero también pueden adquirir un coche menos contaminante (por lo general, híbrido o 100 % eléctrico) y así esquivar las sanciones.
De hecho, esta segunda opción coincide con los objetivos de descarbonización aprobados por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, entre los que se estima que, para 2030, haya 5 millones de vehículos eléctricos en circulación.
"En el sector de la movilidad-transporte la reducción prevista es de 27 Mt CO2-eq. Este resultado es consecuencia, sobre todo, del importante desplazamiento modal desde el vehículo de combustión convencional hacia el transporte público colectivo, el compartido y los modos no emisores, y como resultado de la generalizada delimitación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023, en las que se prevé la limitación del acceso a los vehículos más emisores y contaminantes", esgrime el plan.
Aunque no hay una cifra definitiva, un reciente estudio de Carwow estimaba que en España, al finalizar el año 2021, circulaban 155.621 coches eléctricos. Y en lo que va de 2022, se han matriculado 28.363 unidades, según datos de la patronal de fabricantes (Anfac). Por lo tanto, este objetivo está, de momento, lejos de la senda para cumplirse. Y entre los varios motivos que impiden a los usuarios adquirir un coche eléctrico, se encuentra el muro del precio. Según el Estudio Motor del Observatorio Cetelem, entre quienes no contemplan adquirir un coche eléctrico, la principal barrera está en el precio, infranqueable para el 66 %.
Diferencia entre rentas altas y bajas
A pesar de que todavía contamos con pocas ZBE, la de Madrid es un buen ejemplo para observar cómo se están comportando sus usuarios y, sobre todo, analizar si se está produciendo un trasvase hacia la movilidad eléctrica. Y esta premisa es, precisamente, la que ha llevado a un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) a estudiar qué ha ocurrido en la capital.
En su estudio, publicado en la revista Transportation Research, los expertos del Centro de Investigación del Transporte (TRANSyT) de la UPM han explorado mediante una encuesta el efecto de las estrategias sobre la elección del modo transporte y el uso del aparcamiento (ya que en Madrid también se implementó hace años un sistema de gestión de aparcamiento).
Este cuestionario, además, recogía datos sociodemográficos, para así evitar posibles sesgos. Y una vez recopilados los datos, se emplearon modelos estadísticos para analizar las relaciones entre diferentes características como el número de coches en el hogar, la pegatina ambiental de los coches disponibles, el modo de transporte más usado, la utilización del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y el impacto de la aplicación de Madrid Central (ahora denominada ZBE de especial protección Distrito Centro).
"Los resultados de la investigación demuestran que la aplicación de la ZBE y la regulación del aparcamiento influyen en que los ciudadanos cambien a modos de transporte más sostenibles, aunque esta tendencia puede variar dependiendo de características socioeconómicas de los ciudadanos como la edad y los ingresos", indican los investigadores.
"Por ejemplo, las personas con mayores ingresos no se plantean cambiar sus hábitos de movilidad ligados al uso del coche y no tienen problema en pagar más por su uso, ya sea adquiriendo vehículos más limpios o pagando garajes privados. Esto muestra la falta de equidad de las estrategias implementadas ya que quienes tienen mayores ingresos pueden continuar con sus hábitos de movilidad cotidiana, mientras que las familias con menos recursos se ven obligadas a cambiar a otras opciones", explican.
Esta conclusión coincide con algunas voces de peso en el sector de la automoción, que advierten que este empeño por reducir las emisiones vinculadas a la movilidad puede excluir a determinados segmentos de la población.
"Son las nuevas tecnologías las que hacen subir los precios, especialmente las tecnologías eléctricas, un 50 % más caras que las tecnologías térmicas", señaló a comienzos de año Carlos Tavares, consejero delegado del consorcio automovilístico Stellantis.
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