La querella presentada a principios de mes por un grupo de 538 accionistas de Abengoa ante la Audiencia Nacional contra el fondo estadounidense Terramar; Abenewco 1, la sociedad que aglutina la mayor parte de los activos; Gonzalo Urquijo, expresidente de la compañía y otros exdirectivos de la misma amenaza ahora con dificultar el proceso de venta de activos a Urbas una vez declarado el concurso de las filiales más valiosas.
La querella -por una docena de supuestos delitos- ha sido presentada por el despacho Iuris Factor, desde donde explican que se dirige "contra quienes han participado, propiciado, favorecido la situación actual de la sociedad Abengoa, y los que se han beneficiado a costa del perjuicio patrimonial sufrido por los pequeños ahorradores e inversionistas, por ahora de forma impune".
Los accionistas que impulsan la querella estiman un perjuicio causado a sus intereses de más de 31 millones de euros por "uno o varios entramados" en "una maniobra para descapitalizar la empresa y pasar las líneas rentables de negocio a otras mercantiles, filiales, arrebatándole el control, que ha culminado, desgraciadamente, de forma exitosa".
Liquidación y concurso
Abengoa SA está en liquidación concursal aunque prácticamente vacía de contenido. "Tras la quiebra de Abengoa, su disolución y en su liquidación, el valor que tiene Abengoa sobre las filiales que titulan las actividades de negocio rentables ha quedado reflejado en el Plan para su liquidación en sede concursal y es, textualmente, de 0,00 euros", aseguran en el despacho de abogados.
Al mismo tiempo el juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla acordó la semana pasada declarar en concurso conexo a 28 sociedades del grupo Abengoa que concentran los activos valiosos. El auto judicial explica que los concursos son voluntarios y se tramitarán de forma coordinada con EY como administrador (que ya llevó el concurso de la matriz Abengoa SA, y ahora su liquidación). Así mismo se da por presentada la oferta vinculante para comprar activos del grupo de Urbas y concede quince días para audiencia de trabajadores y acreedores y para que "cualquier interesado pueda presentar alternativa", abriendo en la práctica una puja.
