Una gran ofensiva legal aterrizará en el capítulo final de uno de los mayores casos de cártel que se recuerdan en España. En 2019 la CNMC desmanteló un cártel formado por empresas como Duro Felguera, Navec (que entró en concurso de acreedores este año) y Sacyr Nervión (creada en octubre de 2015 con los negocios de Nervion Industries y Sacyr y comprada en 2020 por Amper), entre otras. Este conjunto de firmas había logrado alterar los precios del montaje y mantenimiento industrial en un equilibrio artificial. Esta trama, que estuvo activa durante 17 años, habría afectado en particular a las empresas energéticas, pero también a las de infraestructura y otros tipos.
A pesar de que entonces todo parecía saldado con una multa, las consecuencias se manifestarán a partir de este mes de diciembre. Tras varias sentencias ante los recursos de diversas de estas firmas, ya hay equipos legales que están preparando una gran reclamación que podría llegar a un rango de entre los 950 millones y los 1.900 millones de euros, sin contar intereses. Todo esto para compensar más de tres lustros de reparto de clientes, acuerdos en licitaciones de contratos y pactos secretos para fijar los precios.
La consultora belga Cartel Damage Claims (CDC) se ha asociado con el despacho especializado en litigación de derecho de la competencia y regulación, Regula, para preparar una gran reclamación contra los miembros del cártel. Ambas firmas llevan desde este otoño, reuniendo pruebas y datos para, antes del 21 de diciembre, interrumpir los plazos de prescripción del caso en nombre de las empresas afectadas por el cártel. La idea es que CDC negocie a partir de entonces la adquisición de los derechos para reclamar en esta causa por parte del mayor número posible de afectados y llevar adelante el caso.
Según indica la firma belga la iniciativa ya cuenta con "algunas de las empresas directamente mencionadas por la CNMC, en su resolución de 1 de octubre de 2019". La idea es que de ahora en adelante y especialmente tras irrumpir los plazos de prescripción se adhieran al proceso el mayor número de firmas posible. Javier Pérez, socio de Regula confirma que "ya hay varias empresas que están cooperando con nosotros".
Dado el tiempo en el que el cártel estuvo operativo y el impacto en el negocio, las cifras lo convertirían en unos de los casos más relevantes que se han registrado. Las primeras estimaciones de la iniciativa apuntan a que las prácticas anticompetitivas habrían afectado a un mercado de 19.000 millones de euros. De esa cifra, 11.940 millones corresponden a firmas industriales de generación de energías, petróleo y gas y otras instalaciones. 6.336 millones hacen referencia a servicios de infraestructuras y 960 millones corresponden a los servicios técnicos de edificación pública. Según Pérez, solo en 2016 hubo 6.500 millones de euros de mercado, algo que "supone un daño de 650 millones de euros".
De estas cifras, que suponen los contratos que estuvieron alterados por el cártel, estiman que se puede reclamar entre un 5% y 10% como base, añadiendo intereses por daños y perjuicios. Till Schreiber, director general de CDC, explica en declaraciones a elEconomista.es que en esta clase de casos, esos intereses suelen ser una de la partes más importantes del monto final, "llegando a veces a duplicar la cuantía pedida". El directivo señala que esto se debe a casos como este en el que el paso de tantos años genera un gran interés compuesto.
Pérez explica que deciden ir adelante ante las pruebas y las últimas decisiones que se han ido dando en la justicia, que ofrecen más confianza a la hora de poner en marcha el proceso. "Es un cártel de manual, creemos que es un caso paradigmático donde no solo se ha afectado a las grandes empresas que figuran en la resolución de la CNMC y la Audiencia Nacional. El cártel tuvo un efecto más allá de las afectadas, pues alteraron el mercado en su conjunto provocando una inflación sobre los precios que luego llegó a los clientes".
Las firmas multadas, consultadas por elEconomista.es, no han comentado la posible reclamación. Por su parte, desde Duro Felguera ha respondido que la firma "tiene presentada una demanda contra la resolución de CNMC ante la Audiencia Nacional en la que manifiesta la falta de realización de conducta punible alguna, como demuestra el hecho de que no se haya sancionado a ningún directivo de la compañía y que la sanción se haya suspendido, al admitirse la medida cautelar". Las empresas afectadas también han declinado comentar el proceso.
¿Qué fue el cártel del montaje?
En octubre de 2019 la CNMC multó de forma a 19 empresas con 53,2 millones de euros en un caso con 8 directivos implicados. Según la institución estas firmas habrían formado un cártel para repartirse las licitaciones de montaje y mantenimiento industrial. Una dinámica que habría prevalecido durante más de 17 años y que habría sido destapada por una de las mismas, que denunció a sus socios a través del 'programa de Clemencia'.
La idea del grupo era repartirse tanto clientes, como licitaciones como intercambiar información sensible con sus competidores. Aunque hay 20 firmas que fueron señaladas por la institución. Desde CDC señalan que a pesar de las 20 firmas en la trama fueron seis los principales miembros, Duro Felguera, Navec, Imasa, Masa (entonces filial de ACS y comprada por Vinci en 2021), Talleres Mecánicos del Sur y Tamoin.
Todo habría empezado en el año 2001. Según la CNMC las empresas habrían realizado una serie de reuniones en las que se coordinaban de cara a repartirse los contratos. Las empresas se ponían de acuerdo para decidir con anterioridad quien ganaría determinados contratos de servicios industrial antes de que las licitaciones se adjudicaran oficialmente. Por su parte también pactaban ofertas de cobertura que eran intencionalmente elevadas y fuera de mercado para asegurar que una firma en concreto ganase el contrato. Fijaban precios mínimos e intercambiaban información sensible.
Un ejemplo de esta dinámica es el que explica la CNC en una de sus reuniones, la del 21 de mayo de 2001. Según la transcripción de la misma, se habría acordado elevar un 20% los precios de los talleres auxiliares, es decir, grúas, andamios, pinturas… etc. "Esto ilustra que las conductas que llevaba a cabo el cartel que influían en los precios para quienes contrataban estos servicios de montaje".
El regulador español defendía que hasta que en julio de 2017, cuando se realizó la primera inspección, hubo al menos 18 reuniones. Este cártel se repartió como mínimo 747 licitaciones y en su mayoría los concursos se realizaron sobre cerca de una veintena de clientes. La gran mayoría de los mismos fueron empresas del sector energético y petroquímico. Entre los afectados están grandes conocidos del sector como Moeve (Cepsa), Repsol, Celsa o Acerinox.
Todo parecía cerrado hasta el momento con la multa de la CNMC. Sin embargo, el caso ha seguido en los tribunales a medida que estas empresas han intentado interponer diversos recursos. Los dos últimos pasos que han acelerado la puesta en marcha de una reclamación han sido los recursos de Imasa, una de las mayores implicadas tanto a la Audiencia Nacional como al Tribunal Supremo, en ambos casos fallando contra esta firma y reconociendo la existencia del cártel. En la última sentencia del Alto Tribunal se concluía que la participación en el cártel era intencional y continuada, afectando negativamente a la competencia. "Hasta 2017 son continuos contactos entre Imasa y el resto de las empresas sancionadas para intercambiar información sobre precios y condiciones comerciales, realizar ofertas de cobertura y repartir las licitaciones".
¿Qué pasará ahora? Así es el modelo de reclamación
Pérez comenta que desde que la CNMC lanzó su resolución se han sucedido una serie de recursos con diferentes resultados. De hecho, todavía hay varios de estos recursos que no están resueltos. Sin embargo, "el auto del Tribunal Supremo referido al recurso de Imasa ha dejado claro que existió ese cártel", un fundamento suficiente para actuar. A partir de aquí Schreiber defiende que ahora, tras interrumpir la prescripción procederán a un peritaje y una evaluación y comenzarán con la negociación para la cesión de derechos.
Ahí es donde entra el modelo de CDC, una firma especializada en una fórmula alternativa a una 'demanda colectiva' para casos de competencia. "Nosotros adquirimos la cesión de los derechos para reclamar, con el fin de ser nosotros quien nos encarguemos del caso" comenta Schreiber. "Nosotros asumimos íntegramente los costes del procedimiento" pues en lugar de decenas de equipos legales, coordinan una sola reclamación que, prácticamente siempre, se resuelve con un acuerdo.
En caso de éxito la firma se lleva el 30% de la cuantía de la reclamación y el 40% de los intereses. La firma especializada en este modelo ha llegado a ostentar los derechos de más de 1.100 empresas en una sola causa en Holanda. A cambio de esta cantidad y la firma corre con los costes del caso y los riesgos que pueda suponer.
En ese sentido, CDC es ya un viejo conocido en España, habiendo adquirido los derechos para reclamar contra el cártel del cartón, un caso similar por el que la CNMC, en 2015 sancionó a 18 empresas de cartón ondulado con 57,7 millones de euros. Por su parte, también participaron en la reclamación contra el 'cártel de los coches', en el que durante siete años (2006-2013) se pactaron precios entre los fabricantes automóviles. También ha estado en casos paneuropeos que han implicado a perjudicados españoles, como el Cartel de los fabricantes de camiones en 2016, el cártel de la leche o el del hidrógeno de peróxido. En definitiva la empresa ha llevado su actividad a casos en España, Italia, Alemania y Países Bajos o Finlandia, entre otros.