
Duro Felguera deberá provisionar parte de su conflicto en Argelia para poder volver a cotizar. La compañía que se enfrenta a una reclamación de 413 millones por parte de Sonelgaz por incumplimiento del contrato para construirle una central de ciclo combinado en Djelfa, no había anotado hasta ahora ningún riesgo en sus cuentas. Tras hacerse oficial el arbitraje ante la Cámara Argelina de Comercio e Industria, la CNMV la suspendió de cotización y ahora le ha obligado a anotarse una provisión de 100 millones de euros en sus cuentas desde 2022 para reconocer el riesgo existente.
La compañía controlada por el Grupo Prodi (55%) explicó este viernes en un comunicado que la semana que viene se reunirá para reformular las cuentas de 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 tras, asegura, un cambio de criterio de sus asesores "confirmado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
Así, se dotará de una provisión de aproximadamente 100 millones de euros. "Este cambio de criterio sobre el tratamiento contable del Proyecto Djelfa parte del escenario de ejecución de la totalidad del proyecto, que considera la actualización de costes del presupuesto inicial sin ningún tipo de reequilibrio económico por parte del cliente y el importe máximo de penalidad por el retraso que se encuentra en disputa desde el ejercicio 2021", justifica.
A pesar de sumar ya un patrimonio neto negativo de 98 millones de euros –cuyo importe crecerá por la provisión- Duro Felguera dice que el patrimonio neto de la sociedad dominante a efectos mercantiles "se mantiene positivo".
El conflicto judicial con Sonelgaz
En paralelo a la reformulación contable, la compañía presidida por Eduardo Espinosa seguirá con su pugna judicial con Sonelgaz. La empresa presentará su escrito de oposición a la solicitud de arbitraje antes del 10 de diciembre "rechazando la reclamación al entender que la suspensión del contrato es conforme al derecho por los incumplimientos en que ha ocurrido Sonelgaz".
Además, la cotizada pretende reclamar alrededor de 200 millones por daños y perjuicios a la energética africana.