Barcelona
Se cumplió el calendario: los fondos acreedores toman el control de Celsa antes de finalizar noviembre. El pool de tenedores de la deuda entró en la compañía de manera oficial este viernes para aplicar el plan de reestructuración aprobado por el juez y ya nombró incluso nuevo consejero delegado. Será Jordi Cazorla, hasta ahora director general para el sur de Europa en la empresa de packaging DS Smith.
El capital de la siderúrgica catalana queda a partir de ahora dominado por Attestor y Deutsche Bank, con un 20% aproximadamente cada uno. Rondan el 12,5% Cross Ocean, SVP, Anchorange y GoldenTree. El 10% restante está más atomizado, con entidades como JP Morgan o Sculptor.
Está previsto que Cazorla tome el cargo en enero y acompañará en la cúpula a Rafael Villaseca, exconsejero delegado de Naturgy, que figurará como presidente no ejecutivo. Hasta entonces, Sergio Vélez, responsable de FTI Consulting –firma que asesora a los fondos en el desembarco- en España, ejercerá las funciones de consejero delegado.
Los inversores también están en proceso de nombrar un nuevo consejo de administración formado íntegramente por independientes, como prometieron al Gobierno.
De manera interina, el órgano decisorio estará compuesto por Javier Díaz-Gálvez, socio de reestructuraciones del bufete Abeca; Esther Alfonso, socia de la auditoria Audiex; Antonio Arenas y Luis Martín Bernardos, socios de Abencys Reestructuraciones y exconsejero del Grupo Gallardo Balboa, una de las empresas que ha sonado con más fuerza para entrar en el capital de Celsa.
Además, el nuevo secretario del consejo será Daniel Alaminos, abogado del Estado, y que ejerció también de secretario general de Abengoa.
Los próximos pasos de la reestructuración
A partir del momento de la entrada se abre un periodo de seis meses en los que la siderúrgica deberá iniciar un proceso para colocar un 20% de la compañía a un inversor nacional. Y aunque el nombre de potenciales empresas del sector se reduce a apenas tres o cuatro –que deberían pasar por el aro de competencia-, existe la posibilidad de seducir a compañías industriales que puedan estar interesados en entrar en la industria.
Más allá de dar acoger un socio, los fondos también se comprometieron con el Gobierno a mantener el empleo y el centro de decisiones de Celsa en España.
Con la aplicación de la sentencia del juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona, la siderúrgica recortará en 1.400 millones de euros la deuda y ampliará en cinco años -hasta octubre de 2028- los vencimientos restantes. Los nuevos propietarios también alcanzaron un acuerdo con la banca para extender los 525 millones de deuda circulante por un lustro.
