Barcelona
Después de llegar a un acuerdo con el Gobierno para que diese su visto bueno a la operación, los fondos acreedores ya han puesto en marcha la maquinaria para hacerse con Celsa. Aunque la ejecutiva de los Rubiralta es la que lleva todavía el día a día de la compañía, los inversores aspiran a entrar en el próximo mes con un calendario definido: nombrar un primer ejecutivo que acompañe a Rafael Villaseca como tarde en enero y lanzar el proceso de venta del 20% seis meses después de la toma de control.
Fuentes cercanas al proceso explican a elEconomista.es que confían en que durante noviembre podrán ya nombrar un consejo interino encabezado por Villaseca, que ejercerá como presidente no ejecutivo del grupo. Será aproximadamente un mes después cuando los cuatro independientes definitivos se incorporen al órgano decisorio. No habrá dominicales, sostienen las mismas voces. Para finales de diciembre o enero debería llegar el consejero delegado que, aseguran, será catalán con experiencia en el mundo industrial.
A partir del momento de la entrada se abrirá un periodo de seis meses en los que la siderúrgica deberá iniciar un proceso para colocar un 20% de la compañía a un inversor nacional. Y aunque el nombre de potenciales empresas del sector se reduce a apenas tres o cuatro –que deberían pasar por el aro de competencia-, existe la posibilidad de seducir a compañías industriales que puedan estar interesados en entrar en la industria.
Así, se unirían a un capital dominado por Attestor y Deutsche Bank, con un 20% aproximadamente cada uno. Rondan el 12,5% Cross Ocean, SVP, Anchorange y GoldenTree. El 10% restante está más atomizado, con entidades como JP Morgan o Sculptor. Fue el requisito impuesto por el Ejecutivo para aprobar el cambio de accionistas.
Ni el pool de fondos coordinado por Houlihan Lokey ni las voces consultadas del entorno de la familia Rubiralta consideran, a día de hoy, que la solicitud del concurso de las patrimoniales con las que la saga catalana controlaba Celsa pueda retrasar los plazos o tener afectación en el relevo accionarial de la organización.
Tampoco debería haber problemas con el Ejecutivo, con el que ya existe un acuerdo desde hace semanas tras asegurarle que se mantendría la españolidad de la compañía y dar garantías a nivel de empleo. A partir de aquí, los distintos ejecutivos autonómicos presionan para que el nuevo accionista en la siderúrgica sea lo más afín posible a ellos o a su territorio. Es un ejemplo el caso de la sintonía existente entre el PNV vasco y Sidenor, que aboga hace años por una mayor concentración en el sector.
Mientras, Celsa prosigue con su actividad ordinaria con Francesc Rubiralta al frente en un año de normalización tras el boom experimentado en los dos ejercicios post. El relevo, al que el juez advirtió que no se podían poner zancadillas, está coordinado por Lexaudit y FTI Consulting.
Una vez ejecutado no se esperan grandes cambios en el plan industrial, pues la gestión de la familia catalana estaba dando sus frutos en los últimos años: se mantendrá el compromiso de 75 millones de euros anuales de inversión y se abogará, al menos al principio, por una línea continuista en la operativa ya sin la losa de la deuda.
