Zaragoza
Las federaciones de Ecologistas en Acción de Aragón, Navarra y su confederación estatal, junto a la Fundación Sustrai Erakuntza, y la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d'Onsella y la Sierra del Perdón, han interpuesto este recurso contencioso-administrativo.
En concreto, es contra los gobiernos de los respectivos territorios (de la Comunidad Foral de Navarra y la Diputación General de Aragón) y el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno central por los diferentes permisos de explotación de Mina Muga.
Los contenciosos -tres en total, uno por cada uno de los permisos que componen Mina Muga, y de acuerdo al reparto competencial de las tres administraciones que los han concedido-, han sido interpuestos por las organizaciones recurrentes ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón y Navarra.
El recurso se enmarca dentro de las acciones llevadas a cabo por las entidades recurrentes en el marco de la batalla para tratar de paralizar este proyecto extractivo, que consideran insostenible económica y medioambientalmente.
El megaproyecto minero de explotación de potasas y sal Mina Muga, promovido por la empresa Geoalcali, nace al amparo de la preconstitucional ley de minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), actualmente vigente.
Según las entidades recurrentes, pone en primer lugar los intereses de las empresas frente a las necesidades del país y el interés de la sociedad, dejando en un segundo plano los "severos" impactos medioambientales, que perjudicarían muy negativamente a los habitantes de la zona, que comprende la Comarca de Sangüesa/Zangoza y Altas Cinco Villas zaragozanas, y por extensión al conjunto de la sociedad navarro-aragonesa, incluso en términos económicos.
Las entidades inciden en que la concesión de explotación se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones formuladas desde las asociaciones como en los requerimientos de las administraciones, hayan sido objeto de una participación pública satisfactoria, como sería preceptivo.
De este modo, recuerdan que hasta en 16 ocasiones ha tenido Geoalcali que presentar documentos aclaratorios y adendas al proyecto Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, y entre ellas el plan de restauración, el proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), la afección a las aguas, la propia viabilidad económica del proyecto o los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar.
Además añaden a través de una nota de prensa que en ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los graves problemas generados potencialmente por la actividad, tales como subsidencias y hundimientos del terreno, sismicidad inducida, múltiples afecciones ambientales, entre ellas las afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa, a menos de 800 metros de la mina, que está previsto recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos y cuya obra civil adolece de severas dificultades técnicas y elevados riesgos constructivos.
De acuerdo con la concesión otorgada, la mina creará una escombrera que podrá ocupar hasta 37 hectáreas -60 campos de fútbol- y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo.
La empresa ha previsto transportar el material por carretera, 512 camiones al día, un camión cada dos minutos y medio, lo que supondrá ampliar el tráfico pesado en la carretera comarcal NA-127 de Sangüesa a Liédena, con tramos sin arcén y luego por la autovía A-21. Un tránsito sobre el que las entidades apuntan que preocupa a varios alcaldes de la zona por la siniestralidad que puede producirse.
Entre las razones alegadas, las entidades explican asimismo que el proyecto Mina Muga entra en contradicción con la recién aprobada Ley Foral de Cambio climático de Navarra, ya que conllevará un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero, y un retroceso en los objetivos del sector primario, perpetuando el modelo de intensificación agroganadera estatal y mundial. De este modo, añaden que tampoco, en ese sentido, armoniza con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y los objetivos generales de reducción de emisiones planteados en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).
Transformación negativa
Para las entidades recurrentes, la población de Aragón y Navarra afectada por Mina Muga no necesita un proyecto que va a transformar negativamente sus comarcas en las que inciden que no existe una tasa de paro relevante que fundamente o justifique la utilidad pública de proyectos como este.
Los gobiernos de Navarra, Aragón y del Estado, añaden desde las entidades, "no han estado a la altura de la responsabilidad en defensa del bien común que de ellos se espera, y se han plegado a los intereses privados de Geoalcali y su matriz australiana Highfield Resources, cuya principal actividad es la especulación en bolsa, dejando de lado a los habitantes de las comarcas navarro-aragonesas, que no demandan este modelo de desarrollo basado en proyectos con graves impactos medioambientales y sociológicos".
