Alcoa insiste en la necesidad de "reestructurar" la fundición de aluminio "por problemas estructurales importantes y permanentes", y la desliga de las negociaciones con la plantilla y de la obligación de tener que reincorporarla. Gobierno y sindicatos le tienden la mano nuevamente, tras el fallo de la Justicia gallega.
Alcoa ha emitido una nota de prensa en EEUU en la que informa de la sentencia de la Justicia gallega que anula el ERE para los 524 trabajadores de la planta de aluminio de San Ciprián (Lugo) y le obliga a readmitirlos.
La multinacional señala que, en contra de la opinión de los jueces, "ha actuado de buena fe y con pleno cumplimiento de la legislación", valora en 10 millones de dólares -8,1 millones de euros- el perjuicio que le ha generado la huelga de los empleados, pero recupera los 30 ó 40 millones de dólares -de 28 a 32 millones de euros- que había asignado a las indemnizaciones por despidos.
Frente a la posición de la compañía, el Gobierno nacional, la Xunta y los sindicatos creen que es el momento de recuperar las negociaciones para vender la planta.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha anunciado en Twitter que el Ejecutivo "está abierto a alcanzar una solución negociada que mantengan las capacidades industriales de la comarca de A Mariña". Mostró notable dureza en octubre, proclamando que llegaría "a donde tenga que llegar".
El consejero de Economía de la Xunta, Francisco Conde, ha declarado a la prensa que debe abrirse "una nueva etapa de negociación" que permita asegurar el "desarrollo industrial" y los empleos, y ha reclamado al Gobierno central que vuelva a convocar a todas las partes para encontrar una solución.
Suspender la huelga
Los trabajadores, felices por el fallo judicial, están dispuestos a suspender la huelga si la empresa "se sienta a negociar una solución" y añaden que aún cabe la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la fábrica, como ya valoró en septiembre, con la idea de ejercer de puente en su traspaso a Liberty, que Alcoa rechazó.
Los trabajadores también condicionan su disposición a suspender la huelga a que Alcoa se siente con ellos para negociar una solución para la reactivación de las cubas paradas y el rebrascaje, "la contratación de todo el personal que perdió el puesto de trabajo a causa de la finalización de sus contratos durante el proceso".
Por último, quieren que la firma renuncie a presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Al respecto, el comunicado de Alcoa explicita que estudiaría los pasos a dar después de recibir el fallo judicial.
