Alcoa se resiste a dar entrada a un comprador en la planta de San Ciprián (Lugo) para reducir la producción de aluminio e incrementar sus márgenes en un momento en el que los precios siguen estancados y la recuperación de los mismos apenas se atisba en China. | Editorial: Una maniobra especuladora de Alcoa.
La compañía estadounidense y el ministerio de Industria mantienen un enfrentamiento total. El rechazo absoluto de todas las propuestas que el departamento que dirige Reyes Maroto está poniendo sobre la mesa, está caldeando el ambiente entre ambas partes.
El secretario general de Industria, Raül Blanco, apuntó ya a la empresa estadounidense el pasado 23 de junio cuando aseguró que "Alcoa no es neutral en la evolución de los precios, sino que origina los cambios de precio, lo que genera situaciones conocidas en el mercado del aluminio; es difícil entender que sea una casualidad."
Blanco hizo así referencia a los problemas de las plantas de la compañía norteamericana en Québec (Canadá), Ferndale (Washington, EUU) y Córcega (Francia). "Lo de San Cibrao no es un fenómeno aislado, lo hemos vivido en A Coruña y Avilés. Viene de una estrategia corporativa del oligopolio de los productores de aluminio, que genera las consecuencias que estamos viendo".
En la misma línea se pronunció ayer Javier Carreiro, secretario general de UGT en Galicia, que aseguró a elEconomista que cree que la empresa lo que busca es "deslocalizar la producción del aluminio fuera de España y utilizar las sociedades que tienen en Arabia Saudí y Noruega para introducirlo en España".
A pesar de las peticiones de los sindicatos a Alcoa para que venda la planta, se niegan a aceptar la propuesta, según Carreiro porque "no quieren competidores en el mercado, ya que es una de las mejores instalaciones en Europa", explica. Viendo la negativa a vender, UGT cree que una posible solución es una intervención parcial donde "la Xunta de Galicia y el Gobierno central entrasen en el accionariado".
Alcoa, por su parte, urge a adoptar medidas para frenar las importantes pérdidas en que viene incurriendo debido a causas estructurales y permanentes, como el precio de la energía eléctrica en España y la sobrecapacidad global del aluminio, que combinadas hacen que sea inviable la producción de aluminio en España pero la ministra de Industria, Reyes Maroto, fue tajante y aseguró que Alcoa es una empresa que solo quiere «subvenciones, subvenciones, subvenciones en vez de proyectos para mantener el empleo» y desveló que la empresa insiste en recibir subvenciones de 38,4 millones de euros por compensaciones de costes de CO2.
Pese a todo, el ministerio de Industria sigue tambien sin desatascar desde hace más de 18 meses el estatuto para consumidores electrointensivos y además ha dejado de convocar las subastas de interrumpibilidad, lo que está provocando que los industriales españoles ya tengan que hacer frente a un coste de la energía que es el doble que el de sus competidores alemanes.
La compañía estadounidense tiene previsto dar a conocer hoy los resultados del segundo trimestre que reflejarán ya el impacto del coronavirus. La compañía prevé pérdidas de entre 170 y 180 millones de euros, lo que supone un cifra notablemente inferior a los números registrados el año pasado cuando la empresa tuvo que asumir 924 millones de euros en costes de reestructuración.
Alcoa manejaba unas previsiones para este año de un incremento de la demanda global aluminio del 1,4 al 2,4 %, frente a los números negativos de 2019 pero esas previsiones han quedado maltrechas ante la caída de sectores como la construcción y el automóvil.
Más tiempo para negociar
El comité de empresa de Alcoa San Ciprián ha pedido a la dirección de la multinacional que prolongue durante un mes, como mínimo, el período de consultas del ERE que podría dejar en la calle a 533 trabajadores de la planta de aluminio primario.
De hecho, la reunión que este martes iba a celebrarse en Lugo entre la representación de los trabajadores y la dirección de la multinacional ha quedado aplazada precisamente por la situación de emergencia sanitaria decretada en A Mariña a causa del brote de Covid-19, dado que está prohibida la comunicación con el exterior de varios municipios mariñanos. La empresa quería mantener la reunión por videoconferencia pero el resto de partes se ha opuesto.
En febrero, la compañía estaba planeando la reducción de sus inventarios y la optimización de sus contratos para apenas un mes después haber tenido que adoptar medidas más drásticas para hacer frente al Covid-19. La empresa además anunció un plan de respuesta frente al coronavirus que suponía la reducción de 100 millones de inversión. Asimismo, se aplazaron 200 millones de los planes de pensiones.
