El Ministerio de Trabajo aprobó el cerrojazo de la economía del 30 de marzo al 9 de abril sin realizar ningún tipo de análisis previo sobre las consecuencias económicas que podría suponer la medida y sin ningún estudio sobre cómo debía realizarse, según reconoce dicho departamento en la memoria de impacto normativo a la que tuvo acceso elEconomista.
Este Real Decreto-ley, que fue duramente criticado por las organizaciones empresariales, provocó un auténtico caos en la industria e importantes cambios de criterio durante su aplicación por su escasa preparación ya que no tuvo en cuenta, por ejemplo, aspectos como los tiempos necesarios para realizar las paradas de las grandes plantas siderúrgicas con seguridad. De hecho, las empresas tuvieron que esperar hasta altas horas para conocer el texto definitivo de la medida publicado en el BOE.
El parón industrial contaba con el apoyo de los ministros de Unidas Podemos, así como de los sindicatos pero con el rechazo de casi todo los ministros económicos que consideraban, al igual que las patronales, que el daño a la economía podía resultar muy difícil de recuperar.
Rechazo patronal
La primera patronal en mostrar su rechazo a la medida fue Foment del Treball, que pidió que el coste de parte de este permiso retribuido lo asumiera el estado pero posteriormente lo hicieron también CEOE y Cepyme.
La Alianza para la competitividad de la industria, que aglutina a cerca de la mitad del PIB bruto español, emitió incluso un comunicado en el que pedía seguir trabajando en sectores claves como el automóvil, las petroleras, el papel, la química, la alimentación, el cemento o la siderugia.
Pese a esta situación, el departamento de Yolanda Díaz daba por hecho que este Real Decreto-ley sería positivo al garantizar la adopción de medidas que permitirían mantener actividades esenciales y el restablecimiento de la actividad económica y productiva de la manera menos traumática posible, una vez superada la situación de crisis sanitaria.
La memoria económica de dicho Real Decreto Ley, a la que ha tenido acceso elEconomista, reconoce que el GobIerno no recabó ningún informe para tomar esta decisión por la urgencia de la tramitación de esta medida. De hecho, el propio Ejecutivo rechazó propuestas similares apenas un par de días antes realizadas por la oposición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dió un giro copernicano en su decisión de paralizar la industria en apenas 24 horas. La presión del número de muertes en nuestro país -que ya casi duplicaba en aquel momento las registradas en China con 6.528 casos frente a 3.304 del gigante asiático - y el creciente número de demandas judiciales por su gestión llevó al Ejecutivo a dar el cerrojazo a la industria.
El presidente convocó un consejo de ministros extraordinario y retrasó la reunión prevista con los presidentes autonómicos para adelantar una medida que esperaba estudiar tras escuchar a las autonomías.
La discusión sobre un cierre de actividad fue constante a lo largo de aquella semana con el creciente número de casos infectados y el descontrolado aumento del número de fallecidos. Hasta la ministra de Economía, Nadia Calviño, mantuvo un encuentro por vía telemática con los responsables de la CEOE para analizar los pasos que se podían dar en esta línea. Los industriales, en especial Confemetal, se oponían y pedían otro tipo de medidas de apoyo económico mientras los sindicatos reclamaban el cierre total.
Cúmulo de aclaraciones
El cerrojazo, por su falta de preparación, provocó un enorme lío entre el sector industrial durante sus primeros días de aplicación.
La Consejería de Industria del Gobierno asturiano envió la noche anterior al comienzo una carta a la Delegada del Gobierno en la que mostraba todos los sectores que consideraba esenciales para el funcionamiento pero no se aclaró si estos podían o no seguir funcionando tras la moratoria de un día que se tuvo que aplicar por el escaso trabajo previo que supuso una medida de tan importante calado.
En dicha carta, el Gobierno asturiano remitía a su vez al Ejecutivo las propuestas del sector industrial que consideraban que no debían operar y que durante las primeras catorce horas permanecieron en un limbo legal.
Industria tuvo que enviar una nota tratando de aclarar los sectores estratégicos que podían seguir operando, pero la industria no se fiaba, ya que el departamento de Reyes Maroto no tenía la autoridad legal suficiente para aclarar estos términos al existir un Real Decreto Ley previo que no puede dilucidarse por algo tan inusual como una nota clarificatoria.
