Los Colegios de Registradores de la Propiedad y los de Notarios de Castilla-La Mancha han firmado un convenio de colaboración con el Gobierno de la Comunidad para la apertura de una nueva línea en el Programa de Intermediación del Ejecutivo Autonómico para dar cobertura a las familias de Castilla-La Mancha en los procesos de devolución del dinero cobrado de más mediante las cláusulas suelo incluidas en ciertos contratos hipotecarios.
Mediante las ampliaciones de los convenios firmadas por el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, con el decano de los registradores, Fernando Acedo-Rico y el decano de los notarios, Luis Fernández-Bravo, ambos Colegios adquieren el compromiso de asesorar a los consumidores afectados y de abrir procesos de conciliación con las entidades bancarias por los que se intentará evitar que tengan que acudir a la vía judicial para reclamar las cantidades pendientes de abono, lo que no sólo retrasaría el proceso de cobro, sino que significaría un importante menoscabo de la disponibilidad de los órganos judiciales de Castilla-La Mancha para impartir Justicia en otros ámbitos de su actividad ordinaria. Algunas organizaciones de defensa de los consumidores calculan en alrededor de 100.000 el número de familias afectadas en la región.
A través de los notarios y registradores de la Propiedad, se propondrá una conciliación tendente a alcanzar un acuerdo que evite a los ciudadanos el tener que interponer una demanda judicial para reclamar las cantidades indebidamente cobradas. Luis Fernández-Bravo ha destacado que esta nueva vía de reclamación es "voluntaria pero no excluyente de otras". Por su parte, Fernando Acedo-Rico ha señalado la "trascendencia" del acuerdo, que ha definido como "un plus" de ambos colectivos profesionales en la labor que desarrollan.
Según el Gobierno manchego, las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) han conseguido que no se haya ejecutado ninguno de los desahucios sociales que han sido atendidos por la Administración regional a través del Programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria. El presidente García-Page ha subrayado, durante la firma, que "esta ampliación al acuerdo firmado por las tres partes en noviembre de 2016 que supondrá la puesta en marcha de una red rápida y ligera, a la par que lo más humanizada posible, para dar solución tanto a los afectados por las cláusulas suelo como a las propias entidades financieras y que, además, aliviará la carga de trabajo de la Administración de Justicia".
El programa de intermediación hipotecaria abierto por la Consejería de Fomento en octubre de 2015 ha atendido ya a más de 1.500 familias de la región con problemas para hacer frente a los gastos de su hipoteca. Al programa están adheridos ya más de 270 ayuntamientos y las diputaciones de Ciudad Real y Albacete, además de los colegios profesionales de la Abogacía, de Trabajo Social, de Notarios, de Registradores y el Consejo General del Poder Judicial. También están adheridas desde septiembre del año pasado las 87 OMIC dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo.
