La concienciación ciudadana, la asistencia a los contribuyentes, a reactivación de la denuncia recompensada, la simplificación de trámites o priorizar la estabilidad de la regulación tributaria, son algunas de las soluciones aportadas por los expertos en materia fiscal en la sexta jornada de los Encuentros REAF sobre la reforma fiscal, organizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.
El presidente del Consejo, Valentín Pich, señaló ayer que "no se pueden dejar de tomar medidas normativas para rebajar el fraude fiscal, porque la realidad va por delante de la regulación".
No obstante, consideró que lo fundamental es profundizar en que el cumplimiento voluntario sea fácil, mejorar la utilización de los recursos humanos y materiales, e intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las Administraciones tributarias.
Diego Martín-Abril, exinspector de Hacienda, afirmó que "las consultas tributarias de la DGT deben jugar un papel primordial, debiéndose dotar a dicho centro directivo de una estructura adecuada para que los plazos sean ágiles y las respuestas efectivas. Se debe respetar siempre el carácter vinculante de las respuestas.
En el caso de Agustín Fernández, presidente del REAF, consideró que "la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe de realizarse en términos de multivariable, sin que existan medidas estrella, pero con una revisión constante de la prevención y de los métodos que emplea la Administración con respeto a la seguridad jurídica y priorizando la colaboración social".
Información desmesurada
Jesús Quintas, economista y miembro del Consejo Directivo del REAF, por su parte, criticó en términos de eficiencia y eficacia, la posibilidad de que las Administraciones tributarias se vean más perjudicadas por la gestión de una información desmesurada y probablemente parcialmente innecesaria que por la insuficiencia de información.
"En general, debe incentivarse la regularización voluntaria y prestarse más atención a la prevención, sin que ello suponga relajar la investigación y comprobación, pero centrándola en conductas y prácticas más graves y relevantes, jurídica y económicamente", ha explicado Quintas.
Jesús Quintas explicó que para reducir la actualidad litigiosidad espreciso dotar al sistema de estabilidad normativa e interpretativa; establecer la segunda instancia en la vía contencioso-administrativa; desarrollar de forma efectiva de procedimientos y órganos de mediación y arbitraje en los supuestos de discrepancia en la valoración o cuantificación de partidas, sin que exista discrepancia en cuanto a la calificación; y el establecimiento de criterios o cláusulas de puerto seguro en cuestiones controvertidas.
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