A seis semanas de las elecciones un aroma depresivo se ha apoderado de los partidos que aspiran a desbancar al presidente Sánchez. El optimismo de hace tres meses, originado por el nacimiento en Andalucía de una mayoría alternativa al engendro perpetrado en la moción de censura, ha ido decayendo a medida que se publicaban encuestas situando al PSOE como el partido más votado con diferencia y a las tres formaciones no de izquierdas lejos de poder alcanzar la cifra mágica de 176 escaños.
Por mucho que se estudie en el futuro, por elevada que sea la influencia del CIS manipulado por el dirigente socialista que está al frente, será difícil de comprender para las futuras generaciones lo ocurrido en la España de la década de los 10 del siglo XXI, máxime si el 28 de abril se confirma lo que todos los institutos demoscópicos vaticinan. Pero es tan real como la losa que ahora mismo pesa en las sedes de precampaña de PP, Ciudadanos y Vox: la división del voto ideológicamente situado frente al socialismo y el comunismo favorece a éstos y les va a colocar de nuevo en el poder, de no mediar un giro sorprendente en lo que queda de partido. Aquél optimismo andaluz era infundado en su proyección nacional, porque el reparto de escaños por provincias es muy distinto en unas autonómicas y en unas generales y el sistema D'Hont prima en los comicios al Congreso la concentración del voto y castiga su atomización. Si hubiera una mínima lectura estadista de lo que puede ocurrir el último domingo de abril en los cuarteles generales de las calles Génova y Alcalá de Madrid, un repentino ataque de interés general, las coaliciones electorales como la que se anuncia en Navarra proliferarían en circunscripciones donde el claro triunfo en votos del bloque no izquierdista se traducirá en escaños jugosos para la izquierda.
El lunes ha sido un día nefasto para esa hipotética mayoría de la que tanto se habla, la que arrebataría a Sánchez el Falcon y el BOE. Además de las encuestas, la Junta Electoral Central ha sentenciado que no se puede prohibir al Gobierno explicar lo que hace, por mucho tiempo preelectoral que sea. La denuncia era peregrina, y los magistrados le han dado un varapalo a PP y Ciudadanos que va a ser aprovechado con toda la artillería de costumbre por sus adversarios. El único castigo que puede plantearse a un ejecutivo que toma decisiones a punto de entrar en funciones tienen que darlo los ciudadanos con su voto. Un abuso como éste es legal, y hasta normal para un gobierno que ha estado ocho meses inactivo y que ahora considera pocos todos los resortes del Estado para beneficiar sus expectativas. Una causa más para la depresión del centro derecha.
Y para terminar de complicarlo, el oscuro episodio de la candidatura naranja a la Junta de Castilla y León, que lastra las posibilidades de este partido en una región donde tenemos varias de las provincias en las que se da la situación descrita unas líneas más arriba. En su ansia por arañar votos a izquierda y derecha, Ciudadanos abre sus puertas a todo aquél que viene de PP o PSOE, y la dirección trata de imponer su decisión de colocar a los recién llegados en las posiciones más ventajosas... en contra de quienes llevan años trabajando por sus territorios y su partido. La farsa de las primarias ha quedado una vez más al descubierto con los votos falsos a favor de la favorita de Rivera.
