Como en toda buena manifestación española que se precie, su etapa final es la confrontación de las cifras de asistentes entre unas y otras tendencias. Lo peor en este clásico de la vida pública de nuestro país no es que no coincidan las apreciaciones sobre algo físico como es cuánta gente cabe en un espacio, sino la utilización de resortes públicos para retorcer la realidad, como está ocurriendo con las encuestas públicas desde hace algunos meses. Es un bochorno que la Delegación del Gobierno en una comunidad autónoma se convierta en impulsor de fake news, convenientemente amplificadas luego en portadas para las que el titular es un pinchazo pero curiosamente la foto elegida no hace alusión al mismo sino a la unidad de tres partidos políticos contra el gobierno. Otra de las estrategias clásicas es la de censurar en televisión los planos en perspectiva que dan una idea bastante real del éxito o fracaso de una concentración humana. Las asociaciones de la prensa, tan activas siempre, entrarán a buen seguro a valorar estas prácticas proponiendo un manual que podría titularse: 'Manifestaciones: cómo informar'. Cómo hacerlo sin fines distintos a los de contar la realidad.
Hecha la salvedad del contexto habitual, vayamos al fondo. Como toda manifestación, si responde a postulados de la izquierda es buena y si no lo hace es rayana en el fascismo, como el partido del gobierno está defendiendo. El presidente va algo más allá y traduce lo visto y escuchado ayer en Madrid en algo personal. "Van contra mi persona". Su teoría se apoya en que a toda costa los partidos que no apoyaron la moción de censura que le llevó a la Moncloa quieren que abandone la presidencia. Algo poco novedoso por estas latitudes. Y el argumento que emplea Pedro Sánchez para defenderse en este delicado momento de su mandato no electo es la deslealtad de PP y Ciudadanos hacia el gobierno en relación al golpe independentista en Cataluña. La lealtad, convertida en obligación haga lo que haga el gobernante. Como prueba, Sánchez apela a lo que él hizo cuando era jefe de la oposición y Mariano Rajoy ocupaba el mismo sillón del poder.
El apoyo de Sánchez a Rajoy en relación a Cataluña se apoyó en hitos como éstos. El PSOE defendió durante años que el entonces presidente era la mayor fábrica de independentistas que nunca había existido en esa región. Como estrategia de apoyo, no dejaba de llamar la atención. Sostuvo además que Rajoy era un inmovilista, que no resolvía la crisis y era su causante por tal motivo, además de apelar constantemente al diálogo. Cuando la entonces vicepresidenta abrió un despacho en Barcelona para dialogar con Oriol Junqueras, la opción del diálogo pasó a segundo plano en la lealtad del PSOE hacia el gobierno. Lealtad que también tuvo un momento trascendental en las críticas por la actuación de la policía el 1-O, en las que destacados dirigentes socialistas empezando por su líder acusaron al gobierno de represión contra los pacíficos independentistas que se negaban a cumplir una orden judicial. La lealtad de Sánchez con Rajoy le llevó a poner como condición a su apoyo al artículo 155 que no se interviniera la televisión pública catalana pese a su evidente posicionamiento con el independentismo, y a reclamar como también hizo Albert Rivera unas elecciones autonómicas inmediatas cuyo éxito y oportunidad todos hemos comprobado.
Pero siendo nítidos todos esos ejemplos de la lealtad debida al gobierno de entonces, el mejor fue el descubierto algunos meses después de la crisis de otoño de 2017. Mientras le daba todo ese apoyo, Sánchez preparaba el terreno para un asalto al poder cuando se conociera la sentencia del 'caso Gürtel' que tendría como colaboradores necesarios a los partidos frente a los cuales brindaba su lealtad institucional el ahora presidente.
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