El terremoto que ha hecho temblar tanto al mercado hipotecario como al sector bancario en su conjunto tiene su epicentro en una decisión jurídica de difícil comprensión. Está siendo ésta la semana del caos, un guirigay en el que se entremezclan voces de distintos decibelios y colores. El Gobierno tumbó el miércoles lo que el Supremo decidió el martes, dejando en entredicho asimismo lo anunciado tres semanas antes por la Sala III del Alto Tribunal. El jueves, el Ejecutivo anunció que tramitará por vía urgente la Ley de Crédito Inmobiliario, por la que la banca pagará desde el lunes el impuesto de las hipotecas, y no podrá deducirlo.
Pues bien, se trata de la única posibilidad para revertir la revocación que el Pleno del Supremo hizo el 6 de noviembre de la doctrina que establecieron los especialistas en materia tributaria del propio TS el pasado 18 de octubre.
La fórmula jurídica elegida permite una muy rápida entrada en vigor y, asimismo, ahorrará a 450.000 nuevos hipotecados más de 1.100 millones de euros anuales, tras un giro inesperado que sorprendió incluso al sector bancario, donde no confiaban en tal decisión judicial. Aun así, 1,5 millones de contribuyentes han visto frustradas sus expectativas de recuperar lo pagado por el impuesto de sus hipotecas en los últimos cuatro años.
Sea como fuere, han sido muchos los que han salido a la palestra para defender una urgente reformulación del tributo. En este sentido, su escasa recaudación global, e individual en comparación con la obligación de pago del préstamo que los ciudadanos contraían, relativizaba la necesidad de cambiar esta modalidad del impuesto.
Ahora, las comunidades tendrán que reformular los tipos especiales, bonificaciones y deducciones del AJD de las hipotecas que se aplicaban en función del valor de la vivienda, de su calificación o situación, o de los ingresos, o edad y otras circunstancias personales o familiares de los deudores hipotecarios. De esta forma, si las autonomías pretenden que esos beneficios fiscales lleguen a determinados colectivos, sería preferible otorgar una ayuda directa por dicho importe para evitar que el beneficio del AJD se traslade del hipotecado a la entidad bancaria de turno.
Los bancos, por su parte, ya han anunciado que subirán las hipotecas tras el decreto de Sánchez por el que se endosa al sector este gravamen. Pero estos anuncios con forma de amenaza no son ninguna novedad, puesto que también se hicieron en pleno debate en torno a la conveniencia de crear el impuesto a la banca. Tampoco es una opinión genuina del sector, pues se ha utilizado por numerosos representantes de distintas áreas empresariales, como cuando se hablaba de aumentar la tributación de las grandes compañías o de implementar impuestos medioambientales.
Sorprende escuchar esas opiniones procedentes de quienes representan el arquetipo del funcionamiento de la economía de mercado. Sobre todo porque sugieren que existen prácticas oligopolísticas, típicas de sectores económicos muy concentrados, como es el que nos ocupa.
Digan lo que digan, la banca tiene músculo suficiente para asumir el pago anual del impuesto de las hipotecas, cuyo importe estimado apenas representa el 8,7% de los beneficios que ha cosechado el sector sólo durante los primeros nueve meses del año. Y si, directa o indirectamente, alertan de que la carga fiscal terminará recayendo sobre los contribuyentes; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debería poner la lupa para detectar, impedir y sancionar ese riesgo, por mucho que Sánchez apelara a la responsabilidad del sector para que no encarezcan las hipotecas. No obstante, a la nueva Autoridad de defensa del cliente financiero se le podrían atribuir competencias para vigilar cualquier tipo de prácticas contrarias a la libre competencia.
Finalmente, frente a la defensa de la supresión de este impuesto que han hecho algunos para zanjar la polémica, conviene recordar el diferencial recaudatorio entre España y la media europea, que ronda los 70.000 millones de euros. Máxime teniendo en cuenta que la Comisión avisó este jueves de que el déficit público podría superar el 2% el próximo año.
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