El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha puesto orden en la jurisprudencia sobre la tributación del Impuesto sobre Actos Jurídicos en la formalización de hipotecas inmobiliarias. La decisión, socialmente, será polémica, pero se ha dotado de seguridad jurídica a un asunto muy peliagudo.
Los consumidores seguirán pagando, como lo han venido haciendo en los últimos veinte años, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en lugar de hacerlo la banca. Y la decisión ha mostrado la fractura que hay en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, puesto que no se ha conseguido ni la mayoría consensuada que se buscaba, ni siquiera una tercera vía que exonerase de un fuerte descalabro económico al Estado y a la banca. Solo dos votos de diferencia han servido para dar el vuelco a la jurisprudencia establecida a mediados de febrero.
Sin perjuicio de la necesaria lectura de la sentencia, ésta necesitaba una decisión con una mayoría cualificada que dotara de seguridad jurídica a la sociedad, y no ha podido ser. Pero, en este caso el Pleno es soberano y su decisión deberá ser acatada por todos los jueces que aborden esta problemática.
No obstante, la gestión de este asunto ha sido lamentable. No se puede negar que era necesario que ante un cambio de semejante calado se precisaba de un debate en el Pleno, tal y como se ha hecho en otros asuntos en los que no se atisbaba un acuerdo entre los magistrados.
Sin embargo, consentir que la primera sentencia, la del 16 de octubre, cobrase firmeza para después convocar el Pleno, con el objeto de revisar la doctrina por ser "un cambio radical" y "por su enorme repercusión económica y social". La actuación de Luis Díez-Picazo ha hecho mucho daño a la imagen del Alto Tribunal y no son pocas las voces que desde los más diversos ámbitos jurídicos, fundamentalmente desde la Abogacía, exigen su dimisión. No por ejercer su responsabilidad de convocar el Pleno, sino por hacerlo en las condiciones en que lo hizo.
Llama la atención, no obstante, que los magistrados de la Sala Tercera, que se supone que son la elite de la especialidad, hayan tenido que dedicar 15 horas a debatir sobre un artículo absolutamente romo e interpretable, tal y como ha quedado demostrado.
Los 28 magistrados han planteado sus documentados argumentos en favor de que el obligado a tributar fuera la banca o el consumidor. Mientras tanto, los parlamentarios de unos y otros grupos han venido criticando la situación y exigiendo al Alto Tribunal que fijase seguridad jurídica en la transacción más importante que realizan los ciudadanos en su vida, como es la compra de su vivienda.
Y llegados a este punto, cabe preguntarse ¿cómo es posible que 28 magistrados del Tribunal Supremo no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre cómo interpretar un artículos de la normativa que regula las hipotecas? Y de esta pregunta surge otra. ¿Con qué calidad hacen las leyes sus señorías, diputados y senadores, para que en este país se llegue a estas situaciones tan extremas? ¿No hubiera sido más fácil poner en el texto quien debe pagar el Impuesto y no introducir arcanos propios de un oráculo como que los paga el interesado. ¿Quién tiene interés en constituir la hipoteca? ¿El banco para asegurarse el pago o el embargo del inmueble si se incumplen las mensualidades, gracias a una normativa muy garantista? ¿El consumidor que lo que quiere es obtener el préstamo y ser propietario?
Arde la calle
No puede sorprender, sin embargo, que Pablo Iglesias nada más conocer el fallo, sin esperar a conocer los argumentos jurídicos de la sentencia, pidiese el martes que "salga la gente a la calle" y en incendiar los medios de comunicación, manifestando que "la independencia del Tribunal Supremo está en entredicho y la democracia debilitada".
De hecho, Podemos ha convocado una manifestación a las puertas del Supremo este próximo sábado. Se nota que las elecciones autonómicas y locales están cerca, porque lo primero que tenía que haber dicho es que iban a negociar con el Gobierno y con el resto de grupos parlamentarios la introducción de las medidas que considere necesarias en la revisión de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados y que persigue una mayor protección al prestatario. Si esto sigue siendo una democracia parlamentaria, que para Pablo Iglesias parece que no es así.
Los magistrados que han firmado las tres sentencias firmes que han revolucionado durante unas semanas la jurisprudencia tienen una merecida aura de ser de los mejores especialistas en tributación -Agüallo, Cudero, Díez Delgado, y Navarro Sanchís-, pero no lo son menos aquellos que incluyeron un voto particular discordante -Berberoff y Maurandi -.
En la propia sentencia ya se demostró que las cosas no estaban nada claras y que las opiniones estaban divididas. No puede olvidarse este aspecto a la hora de valorar la decisión.
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