
El Consejo de Ministros aprobó el Plan Director por un Trabajo Digno para luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo. No se trata ahora de analizar las 75 medidas del Plan, sino preguntarnos -de nuevo- por qué tenemos menos empleo, de menor calidad y, posiblemente, más fraude laboral que el resto de grandes países europeos.
Hace varios años, desde este medio, se reclamaba la reindustrialización de España para salir de la crisis, a la vista del papel de la industria, especialmente las ramas tecnológicamente avanzadas, como motor de crecimiento y, sobre todo, por su efecto arrastre hacia el resto de la economía. Teníamos entonces una tasa de paro del 26%, y para evitar una frágil salida de la crisis decíamos que no bastaría con crecer en subsectores intensivos en mano de obra poco cualificada, escasa tecnología y/o excesivamente dependientes del consumo de otras economías. Buena parte del crecimiento logrado estos años se ha basado en este tipo de subsectores, algunos ya saturados (ver turismo de sol y playa) y de escasa inversión en I+D, lo que explica la persistencia del diferencial negativo en productividad con la media europea pese a la devaluación salarial. Hemos crecido con un entorno favorable (en tipos de interés, política monetaria y precios del petróleo, entre otros), pero sin reformas estructurales en el modelo productivo que paliaran las deficiencias del mercado de trabajo, especialmente la alta temporalidad, la parcialidad involuntaria y la baja cualificación, fenómenos descritos en el citado Plan Director. El empleo creado es, además, excesivamente elástico a las variaciones del ciclo económico (Banco de España). Hoy tenemos menor tasa de paro (15,3% en última EPA), pero sigue siendo más del doble que la de la UE28 (7%) y solo nos supera Grecia (20,1%).
Y es que el crecimiento generador de empleos de calidad es un proceso continuo de cambio estructural. Damos ya por asumida la Industria 4.0, donde habrá intensa innovación en los procesos de producción y en nuevos productos y servicios, gracias, sobre todo, a la inteligencia artificial, los robots y los datos. España no puede perder el tren, pero debemos tener una estrategia global, a largo plazo, para la creación de empleos acordes con las nuevas formas de trabajar. Muchos de los empleos precarios y de alta temporalidad, contra los que el Plan Director pretende luchar, se volverán obsoletos o requerirán menos tiempo, algo habitual, desde hace años, con la evolución tecnológica.
En este proceso, la política industrial y, en general, las instituciones, de-ben ser proactivas no solo para combatir la precariedad fraudulenta, sino para lograr una productividad activa, es decir, donde simultáneamente crezca esta variable y el empleo cualificado. Hay múltiples mecanismos -algunos ya anunciados- como programas de promoción de nuevos sectores, de formación y actualización, de fomento de una cultura emprendedora, etc.
Si sabemos que, a diferencia del empleo creado en actividades poco cualificadas y poco profesionalizadas, el de la industria es más estable y productivo, es necesario incrementar su peso para estar, al menos, en línea con la media de la zona euro. Suelen utilizarse varios indicadores para medirlo. Si lo hacemos por el Valor Añadido Bruto a partir de los datos de Eurostat, en 2017 era del 18,1%, cifra similar a la de 2007, frente a países como Alemania, con un 25,7%, o la República Checa, con un 31,7%. Son los 2 países con menor tasa de paro: 3,4 y 2,3% respectivamente. Si lo medimos sobre el PIB, es del 16,4%, lejos del 20% que considera deseable la UE para 2020. Además, deben paliarse las debilidades estructurales que obstaculizan el crecimiento de la industria moderna y que suelen ser controvertidas. Una fundamental es el excesivo volumen de microempresas, con más dificultades para hacer esfuerzos en tecnología y donde pueden abundar empleos irregulares y sumergidos que el citado Plan Director trata de combatir. Por el contrario, hay una carencia relativa de grandes empresas industriales. El papel de la política industrial en la obtención de un adecuado equilibrio y, en general, en todo este proceso de cambio estructural para mejorar la calidad de los empleos, puede ser crucial.