Uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan, ya no solo el Gobierno sino a su vez el Pacto de Toledo, es la financiación actual y futura de nuestro sistema público de pensiones.
Son muchos los pensionistas que se pronuncian activamente manifestando el derecho a percibir cuantías superiores en base a todas las aportaciones realizadas durante todo su ciclo de vida laboral: "Llevo toda la vida aportando para mi pensión". Desconozco la causa o la razón por la cual los representantes parlamentarios no informan de forma clara y precisa sobre el comportamiento de un sistema de reparto de caja como el nuestro, en el que las aportaciones de los trabajadores actuales van destinadas a financiar a los pensionistas del momento, por lo que las contribuciones de los actuales pensionistas son las que han soportado la nómina de las pensiones de los jubilados en ese período.
Históricamente, los países que basan su sistema público de pensiones en un sistema de reparto de caja provocan un enorme sentimiento de derecho consolidado, estando plenamente convencidos los jubilados de la propiedad de sus cotizaciones o aportaciones, siendo una percepción parcialmente errónea en base al sistema que utilizamos. De ello son totalmente conscientes las diferentes organizaciones políticas, siendo la razón por la cual proyectan una mayor generosidad hacia la sociedad más cercana a la jubilación y hacia los pensionistas a cargo de las generaciones venideras.
La actualidad, en el ámbito de las Pensiones, se centra en cómo financiar las mismas, tanto hoy como mañana, por lo que las reformas, en este apartado, no son una alternativa sino una obligación; más aún teniendo en cuenta que el envejecimiento en España se intensifica tras registrar el peor saldo vegetativo de la historia en 2017 lo que probablemente supondrá un incremento entre 2 y 2,5 puntos del PIB en el gasto público en los próximos años.
El problema no es el cuánto sino el cómo; entiendo que todos somos partidarios de tener un sistema público de pensiones altamente generoso, pero la cuestión estriba en si realmente es viable o no, siendo, donde realmente debemos aunar todos los esfuerzos proyectando el foco en este aspecto, tanto a corto como a medio/largo plazo, con un equilibrio entre los pensionistas y cotizantes actuales.
Llevamos cerca de cuatro meses debatiendo el cuánto en el Pacto de Toledo; si revalorizamos las pensiones en base a la evolución del IPC, a la evolución del PIB, a la evolución de los salarios, etc., sin disponer a la fecha del texto de recomendación que tiene que ser emitido por el Pacto de Toledo. La situación está totalmente estancada ya que la dificultad de la situación o de la negociación no está en el tanto% de incremento, sino en cómo voy a hacer frente a la revalorización.
Por parte del Gobierno se bajarán diferentes alternativas, dejando patentes ciertas contradicciones frente a sus discursos antes de hacerse con la tribuna (a lo cual ya estamos acostumbrados), perjudicando de manera considerable a los futuros pensionistas, trasladando la insostenibilidad a la insuficiencia, lo que deja en evidencia tanto la problemática de financiación del actual sistema de reparto como su postura cortoplacista. Es preciso recordarles sus reivindicaciones con respecto a ligar la revalorización de las pensiones al IPC junto con la derogación de las reformas anteriores, incidiendo que no sería necesario pasar factura fiscal alguna tanto a los cotizantes como a parte de los pensionistas.
En relación a su última propuesta de aperturar la frontera de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, con el fin de poder financiar el actual sistema de reparto, recordarles, que, efectivamente, esto provocará en torno a unos ingresos extras por parte de la Seguridad Social de 4.470 millones de euros anules, pero a su vez generará una merma en la productividad por parte del empleador, lo cual influirá en la generación de empleo, e incrementará la carga fiscal de los cotizantes con el encubrimiento de un impuesto indirecto penalizando de manera considerable tanto el consumo como la capacidad de ahorro.
También hay que tener en cuenta el Principio de Contributividad, teniendo que buscar la proporcionalidad entre el destope de la base máxima de cotización y el derecho a la percepción de una mayor pensión, sin que ello suponga incrementar el déficit de la Seguridad Social, ya no solo por el número de pensiones sino también por la cuantía de la mismas, pudiendo provocar un quebranto importante.
Tampoco podemos obviar que las bases máximas de cotización son las más solidarias con el actual sistema, siendo las que más aportan al mismo y las que asumen una mayor desproporcionalidad entre lo aportado y lo percibido. Como dato significativo, en esta última década, las aportaciones se han incrementado un 25% frente al 15% de las prestaciones con respecto a las cotizaciones máximas.
Todas estas proposiciones no dejan de ser alternativas de reformas encubiertas con el fin de disminuir los gastos totales defendiendo el actual sistema de reparto de caja. Por ello, una vez más, insisto, en que nuestro actual sistema público de pensiones se basa en un sistema de reparto político centrado en reformas sigilosas careciendo del principio más básico de cualquier democracia, información y/o comunicación.
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