La gran incógnita tras la moción de censura y con el nuevo Gobierno no deja de ser la revalorización de las pensiones que, hasta la fecha, en relación a los Presupuestos Generales del Estado, garantizaba el incremento generalizado de las pensiones hasta el 1,6% en 2018 y 2019, añadiendo el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad de cuatro puntos, hasta el 56%, en 2018 y otros tantos en 2019, hasta el 60%.
Es preciso recordar que el citado apartado, en los Presupuestos Generales, supondría un coste no solo para los dos próximos años, sino que se mantendrá durante el ciclo de vida generándose un derecho consolidado para los 9,5 millones de pensionistas, lo que provocaría un incremento en la nómina de las pensiones de 1.600 millones de euros en el presente ejercicio y de otros 3.200 millones de euros cuando se produzca la subida el próximo año, provocando un gasto acumulado de 40.000 millones de euros.
Cierto es que los últimos acontecimientos financieros, sociales y políticos que están teniendo lugar en el país no son ajenos al problema o situación actual de las pensiones. Cabe la posibilidad que haya enmiendas a los propios Presupuestos Generales del Estado en el Senado con ciertas modificaciones, ahora bien, estas no afectarán al principal consenso correspondiente a su revalorización.
No es menos cierto, que el Pacto de Toledo sigue sin cumplir su principal objetivo; externalizar las pensiones del debate político y de las presiones electorales con el fin de salvaguardar la sostenibilidad y la suficiencia del sistema. Con este nuevo escenario político, podríamos decir que hemos sustituido el Pacto de Toledo, unión de los diferentes partidos políticos para alcanzar el consenso y uniformidad del futuro de las pensiones, por el Pacto del Silencio, lo que provocará, ya no solo una falta de comunicación e información, sino un grado de opacidad mucho mayor del que hemos vivido hasta la fecha.
No podemos obviar que los próximos comicios están a la vuelta de la esquina, sino antes, por lo que ningún partido político trasladará cierta información ya que perjudicaría de manera considerable su campaña electoral e influiría directamente al resultado de las elecciones.
Ahora bien, todos los ciudadanos tenemos el derecho a tener la información relativa al Sistema Público de Pensiones, ya que somos los que efectuamos las aportaciones, antes o después, lo que conlleva a que dicha información sea de nuestra propiedad.
Deberían resolvernos ciertas incógnitas que llevamos demandando desde hace años, las cuales permanecen en la mesa del Pacto de Toledo, año tras año, sin tener respuesta ni resolución alguna.
¿Cómo serán las pensiones en el futuro? Somos conscientes que nuestro actual sistema público de pensiones es sumamente generoso, teniendo las tasas de sustitución más elevadas tanto de la UE como de la OCDE, lo que conlleva que la cuantía de las mismas se aproxime de manera considerable tanto al último salario como a los sueldos medios.
Nadie pone en duda que esta sea una situación deseable por y para todos, ahora bien, la cuestión es si es sostenible en el tiempo y/o cuanto nos costaría mantenerla. La incógnita no se plantea con el fin de derogar el actual sistema de reparto de caja, sino que surge por el resultado matemático obtenido con las variables presentes y las proyectadas en un futuro para trasladar la confianza suficiente a los pensionistas futuros que son los que financian a los pensionistas actuales.
Persiguiendo este derecho de información y a su vez obligación de comunicación, ha llegado el momento de poner en marcha el tan ansiado sobre naranja. Desconozco las causas por las cuales no recibimos el cálculo con la información de la pensión que vamos a recibir en un futuro, en base a los parámetros del actual sistema. Entiendo que viene provocado porque la pensión será menor con una tendencia, claramente, bajista y porque, antes o después, tendremos que seguir haciendo reformas al sistema lo que supondrá mayores recortes teniendo que comunicar cuantías en las pensiones inferiores, lo que probablemente provocaría ciertas manifestaciones sociales por parte de los que están financiando el actual sistema.
La tendencia es que el sistema pase a ser cada vez más asistencial, lo que significa, que no habrá una proporcionalidad directa entre lo aportado y lo percibido, lo cual es algo que deberíamos trasladar a todos las personas que actualmente estamos en activo, ya que entra en escena la equidad y suficiencia.
Todos aquellos que han manifestado su deseo de eliminar o modificar el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad, basados en algoritmos objetivos, y, que presumían, hasta la fecha, que esto no supondría una mayor carga financiera por los cotizantes actuales, han comenzado los rumores de ciertas consideraciones como que es necesario "reforzar el sistema con ingresos tributarios", esto es, elevar los ingresos vía impuestos.
Estas son las causas por las cuales, insisto, en que nuestro Sistema Público de Pensiones es un Sistema de Reparto Político; ni se lleva a cabo lo fijado en el Pacto de Toledo ni se comunica, desconociendo realmente como se financian las pensiones y cuáles serán las cuantías del futuro, teniendo, por parte de los partidos políticos, una visión cortoplacista con una estrategia puramente electoralista.
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