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La capacitación digital de los trabajadores

Foto: iStock

Recientemente, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo ha presentado el Programa Estatal para la formación de trabajadores en competencias digitales para 2018, de la mano de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. La formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tiene un papel esencial en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores, ocupados o desempleados, en la calidad del empleo en España y en la evolución y rentabilidad de las empresas. Por ende, la mejora en esas competencias profesionales de los trabajadores redundará en un mayor desarrollo de la economía española. La digitalización ha llegado a todos los sectores, desde la propia Administración a las pymes, lo que otorga a este ámbito de la formación un carácter estratégico. Muchos de los empleos actuales están ligados al mundo digital y lo estarán la mayoría de los puestos de trabajo que se creen en el futuro.

La enseñanza de estas materias es esencial para aumentar la competencia de los trabajadores y la competitividad de las empresas españolas, y la de España como país. De ahí el interés con que las empresas formadoras esperamos la publicación este mes de la convocatoria de formación en TIC para trabajadores ocupados, que la Fundación para la Formación aprobó en diciembre.

La decisión de sacar adelante una convocatoria dotada con 50 millones, exclusivamente destinada a la formación en TIC, demuestra la apuesta inequívoca de la Administración y de los agentes sociales por dar un impulso al aprendizaje de las nuevas tecnologías, que faculte a los trabajadores y trabajadoras para desempeñar mejor su tarea laboral y tener superiores y más amplias oportunidades de promoción en su empleo. La mejor preparación de los empleados dotará a las empresas de mayor valor añadido y mejorará su capacidad para pugnar por mayores cuotas de negocio en un mercado global, cada vez más digitalizado.

Esa apuesta por la capacitación digital de los trabajadores la compartimos las empresas prestadoras de servicios de formación, conocedoras de las necesidades de adiestramiento de los trabajadores, con empleo o sin él, y del tipo de cualificación que demandan las empresas. Una formación que urge impartir porque las nuevas tecnologías, lenguajes, programas y herramientas digitales avanzan de manera vertiginosa y requieren de los profesionales una continua formación y actualización. Las empresas formadoras somos necesarias, no solo para facilitar el aprendizaje de estas tecnologías, también para elaborar el catálogo de cursos que conviene impartir con el fin de adecuar la oferta formativa a la demanda laboral. Esta colaboración entre administraciones, agentes sociales y empresas formadoras es imprescindible para evitar igualmente que, una excesiva burocratización o la lentitud en la resolución administrativa de las convocatorias -que no siempre se adapta a la rapidez y flexibilidad intrínsecas a la era digital- frenen la diligencia con que se debiera facilitar la formación que se requiere. La revolución digital es un hecho al que no podemos sustraernos. No se puede perder el tren del aprendizaje que ha colocado a algunas empresas TIC entre las más importantes del mundo.

Las empresas del sector tenemos también plena confianza en que el Servicio Público de Empleo y los agentes sociales concreten con la mayor celeridad la convocatoria de Formación para el Empleo de 2018. Hemos estado varios años sin convocatorias estatales, por lo que este paquete de ayudas públicas supondría un acicate para la mejora de las competencias profesionales de los empleados, pero también supondría oxígeno para las empresas del sector de la formación.

El retraso en las convocatorias públicas de empleo causó una enorme inseguridad jurídica en las entidades formadoras. La estabilidad en las convocatorias y la seguridad jurídica son las vías que garantizan la calidad en la formación. La publicación de la convocatoria TIC llega en un momento clave en que las empresas del sector reciben con lentitud las comunicaciones de la convocatoria de 2014. Es posible que ese ejercicio no esté resuelto hasta 2019, cinco años después de que se haya impartido y justificado la formación.

El reto de la formación, vital en un país con tan alto porcentaje de trabajadores sin la cualificación necesaria, requiere apostar de manera decidida por la elaboración de planes plurianuales, que permitan a las administraciones y a los agentes sociales, con la ayuda de las empresas formadoras, identificar claramente las necesidades formativas. Sería bueno hacer una panorámica de los empleos del futuro y de las metas a alcanzar a corto, medio y largo plazo. Además, esos planes plurianuales facilitarían la preparación de los cursos y también afrontar las inversiones necesarias.

Apostar por la mejora del sistema de Formación para el Empleo precisa también de la Administración que, destine a este fin los fondos procedentes de la cuota de formación de empresas y trabajadores de los que en años anteriores no se ha podido disponer y que suponen un remanente próximo a los 1.500 millones. España cuenta con un tejido empresarial que, pese a las dificultades de años pasados, mantiene su vocación por la formación. El diálogo y la coordinación con las administraciones y los agentes sociales es básico para aprovechar su potencial.

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