Ha llegado la hora... Es el momento de realizar el tan ansiado cambio de nuestro Sistema Público de Pensiones basado en un sistema de Reparto de Caja a un Sistema Mixto.
En un sistema de reparto de caja las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones de los jubilados existentes en ese momento. La cuantía de la pensión tendrá relación con las cantidades aportadas y al periodo de cotización efectuado durante toda la vida laboral. Es de carácter universal, ya que en el supuesto caso de no haber contribuido al sistema o que las aportaciones sean insuficientes se tendrá derecho a la pensión no contributiva con el fin de poder cubrir las necesidades más básicas. Está gestionado y financiado por entidades públicas, a lo que me refiero coloquialmente hablando como reparto político.
No debemos olvidar que las pensiones públicas están reconocidas y protegidas por la Constitución Española en su artículo 41: "los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes...".
He aquí, cuando surge el eterno debate: ¿es sostenible nuestro actual sistema de reparto de caja? Nuestro actual sistema público de pensiones es y será siempre sostenible, por su principio de universalidad, el cual garantiza cubrir las necesidades más básicas con el fin de no incurrir en riesgos de pobreza en un colectivo tan sumamente sensible.
Ahora bien, la pregunta adecuada sería: ¿Es suficiente nuestro actual sistema de reparto de caja, tal y como apunta el artículo 41 de la Constitución? El actual sistema de reparto político es y será insuficiente...
El ejercicio 2017 culmina con un récord histórico de recaudaciones netas en concepto de cotizaciones; aún así, el déficit de la seguridad social asciende a 18.701,22 millones de euros haciendo frente al compromiso de las pensiones públicas a través de la extracción de 7.100 millones de euros del Fondo de Reserva y un préstamo concedido por el Estado, cuyo importe asciende a 10.192 millones de euros.
En relación a los Presupuestos Generales del Estado correspondiente al Ejercicio 2018 es preciso señalar que los mismos incluyen un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. Además, para atender exclusivamente las insuficiencias de financiación de las pensiones contributivas, la Seguridad Social también sacará este año del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros.
Esto significa que la creación de empleo, que situará la tasa de paro por debajo del 14%, será completamente insuficiente para corregir el resultado negativo del sistema. Los sistemas de reparto político están expuestos a los diferentes desequilibrios demográficos, lo que supondrá que cada año haya más pensionistas, más pensiones y unas pensiones medias más altas debido a períodos de cotizaciones más amplios y mayores aportaciones de los nuevos pensionistas.
De ahí las reformas efectuadas en los ejercicios 2011 y 2013, cuyo objetivo es reducir las cuantías de las pensiones para poder hacer frente a las prestaciones intentando hacer sostenible el actual sistema de reparto político, pero trasladándolo a un sistema insuficiente, desequilibrado e injusto.
Es normal que los más jóvenes, hoy en día, comparen el actual sistema de reparto político con el esquema Ponzi, la famosa estructura fraudulenta por la cual los nuevos ahorradores (cotizantes) pagan los rendimientos de quienes se han incorporado anteriormente al sistema (pensionistas). Dicha percepción es debido a que ya han comenzado a contribuir al sistema y por lo tanto están financiando a los pensionistas actuales, pero, por contra, aún no han tenido el gusto de conocer, dado que no ha nacido, a la persona que aportará para su pensión futura. Ha llegado el momento de avanzar hacia sistemas mixtos, en el que se cotiza un porcentaje a un fondo de reparto y otro porcentaje a cuentas individuales de capitalización, con libre elección de gestión pública o privada. Sería la transición de modelo de prestación definida a un modelo de aportación definida, provocando un modelo más sostenible, dado que la pensión irá en función de la aportación provocando una disminución a la exposición de los desequilibrios demográficos y situaciones económicas fluctuantes, y más transparente, dado que seremos conocedores en cada momento del capital acumulado en cuenta. Provocaría pasar de un sistema altamente generoso a un sistema más justo, manteniendo el grado de solidaridad. A día de hoy, dos tercios de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tienen un sistema mixto, con un pilar de reparto y un pilar de capitalización.
Por otro lado, será necesario complementar la pensión pública, incrementando la inversión privada y/o empresarial para garantizar las pensiones en relación a la tasa de sustitución (lo que se cobra en comparación al salario al jubilarse) y poder mantener el poder adquisitivo.
Entidades
