Llevamos ya bastante tiempo hablando de las dificultades para financiar el sistema de pensiones y escuchando recetas que parecen incuestionables: hay que retrasar la edad de jubilación; hay que congelar, o casi, las pensiones, sobre todo las más altas; es imprescindible completar las pensiones públicas con planes privados… Pero algunos, yo al menos, somos críticos con estos planteamientos, por razones éticas y, en algunos casos, también por razones económicas.
El tema de las pensiones se suele abordar primariamente desde un punto de vista contable: los ingresos del sistema no cubren los gastos; en consecuencia, o aumentamos los ingresos (aumento de cotizaciones o de cotizantes) o disminuimos los gastos (retraso de la edad de jubilación, disminución del importe de las pensiones…). Es un problema de sostenibilidad del sistema, nos dicen; tenemos que aceptar menores pensiones y durante menos tiempo. Debemos entender, argumentan, que si vivimos más hay que disminuir las pensiones, o que si, por la distribución de la pirámide demográfica, va a haber menos cotizantes y más pensionistas, hay menos dinero para cada pensión.
Pero estos argumentos o similares están ocultando quién tiene que soportar el problema: ¿deben hacerlo los pensionistas? Creo que no. Personas que han cotizado muchos años, no por su voluntad, sino obligadas por el Estado, ¿son ahora las que tienen que sufrir las consecuencias de errores de previsión del Estado, que no hizo los adecuados cálculos actuariales?
Me recuerda el caso de una buena amiga a la que una compañía de seguros garantizó altas rentabilidades de por vida en la época de altos tipos de interés, y quería bajárselas cuando estos cayeron: no lo podemos soportar, le decían; pero el problema lo tuvo que asumir la compañía, con cargo a sus recursos. Aquí el Estado ha ofrecido, de hecho, unas condiciones a la población y nos ha obligado a participar del sistema, ¿puede ahora cambiar sustancial y unilateralmente las reglas? ¿Puede congelar las pensiones? Pienso que no, y no sé si el tema podría tener hasta recorrido judicial: si no hay dinero, igual hay que ir repartiendo el patrimonio del Estado entre los pensionistas.
Yo creo que, por la lógica del sistema, hay que mantener una proporcionalidad entre lo cotizado y el importe de la pensión; por eso no me parecen mal medidas que alarguen el periodo de cómputo de la pensión. Se alega que ahora las pensiones son cada vez más altas, pero eso sucede porque se ha cotizado más. Lo que también ocurre es que con el dinero de las pensiones se han financiado, y se siguen financiando, indebidamente, otras cosas. Volvemos a la responsabilidad del Estado.
Otra cosa distinta es que se aumenten más las pensiones mínimas o las de viudedad, lo que me parece muy bien, pero eso son políticas redistributivas como lo puede ser garantizar unos ingresos mínimos a cada ciudadano.
Lo que no veo, por lógica económica, es el retraso obligatorio de la edad de jubilación. En un país con mucho paro todavía, no parece adecuado obligar a trabajar a personas mayores, muchas veces con escasa preparación y menguada ilusión, para mantener desempleados a jóvenes mucho más aptos. Otra cosa es que determinadas personas decidan seguir trabajando y sean aptas para ello: eso puede resultarles enriquecedor y ser interesante para la sociedad.
Cuando se dice que los futuros cotizantes no pueden mantener a los futuros pensionistas, podemos estar cometiendo un error en la proyección: lo previsible es que el desarrollo tecnológico vaya disminuyendo el número de puestos de trabajo, y estos deben ser para los más jóvenes y para los más preparados; el aumento del número de pensionistas puede ser, más que un problema, la solución.
Sí es cierto que hay que financiar todo esto, pero mejor será financiar a pensionistas, que además tienen derecho a ello, que a jóvenes preparados y en paro, cuando no hay trabajo para todos. Y no hay otra forma de financiarlo que con impuestos. En un mundo globalizado, desgraciadamente, los impuestos directos a los más pudientes se deslocalizan: deberemos luchar contra esto mediante leyes y acuerdos internacionales; pero además tenemos el IVA, que probablemente deba ser en este momento una fuente de financiación del sistema.
Respecto a los planes privados de pensiones, yo creo que deben ser una opción, una forma más de ahorro, aunque también deben ser mejor tratados fiscalmente y mejor gestionados financieramente, pero esto se sale del objetivo de este artículo, centrado en la justicia y eficiencia que debemos esperar del sistema de pensiones del futuro.
